Nicolás Maduro anunció recientemente un «plan especial y personal» para abordar la contaminación que asola el Lago de Maracaibo, un cuerpo de agua que ha sido devastado por derrames de petróleo, desechos y la proliferación de una bacteria conocida como verdín.
«He elaborado un plan que quiero activar, (…) un plan especial de atención, de descontaminación y recuperación del Lago de Maracaibo, y pongo al frente de ese plan al general Néstor Reverol Torres, vicepresidente de Gobierno para Servicios Públicos», anunció Maduro durante una ceremonia conmemorativa de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.
En su anuncio, Maduro afirmó que el plan es el resultado de un estudio técnico y científico «de profundidad» que mandó realizar en respuesta a las denuncias de «desbordes de petróleo» en el lago. El plan cuenta con el apoyo de varios ministros del gabinete de Maduro, incluyendo a los titulares de las carteras de Ecosocialismo, Petróleo, y Pesca y Acuicultura.
Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes: Maduro solicitó el apoyo del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, y del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, para la implementación del plan. La mención y aparente camaradería de Maduro con estos dos líderes políticos, con quienes tradicionalmente ha tenido una relación tensa, plantea interrogantes.
La pregunta obvia es ¿por qué Maduro parece estar extendiendo una rama de olivo a sus opositores? ¿Es simplemente una maniobra política, o hay una auténtica voluntad de colaborar para solucionar un problema ambiental importante?
A pesar de que Maduro prometió buscar recursos para su plan «a pesar de las sanciones» y del «bloqueo», su relación con los líderes de la oposición y su compromiso real con la limpieza del Lago de Maracaibo son factores que deben ser observados cuidadosamente.
Para ser claros, el término «bloqueo» insinúa un embargo comercial completo, una situación en la que todos los intercambios comerciales con un país son prohibidos. No obstante, eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela. Aunque las sanciones de Estados Unidos y otros países han apuntado a individuos específicos y a ciertas transacciones financieras en respuesta a la crisis de derechos humanos y al desmantelamiento democrático en Venezuela, no constituyen un «bloqueo» en el sentido tradicional.
Gran parte de las sanciones están dirigidas a altos funcionarios del régimen, a sus asociados, y a algunas operaciones del sector petrolero, no a la totalidad de la economía venezolana. Las sanciones también buscan limitar el acceso del régimen a los mercados financieros internacionales, pero Venezuela aún mantiene relaciones comerciales con una serie de países.