La Policía Bolivariana irrumpe sin orden judicial en un local después de una supuesta llamada anónima en la que denunciaron que en el lugar tenían “sexo grupal personas con VIH”
Por Florantonia Singer – Publicado en elpais.com
La policía venezolana detuvo a 33 hombres que estaban en una sala de sauna en la ciudad de Valencia, a dos horas de Caracas. Las fotografías, las cédulas de identidad y unos cuantos preservativos fueron expuestos como supuesta evidencia de lo que calificaron en algunos medios de comunicación como “orgía con VIH”.
Tres días después del allanamiento sin orden judicial en el local Avalon Club no se habían determinado delitos y los aprehendidos, con edades entre los 21 y 57 años, continuaban detenidos en una comandancia policial simplemente por ser homosexuales. La noche del miércoles, sin embargo, la Fiscalía los imputó por “ultraje al pudor” y “contaminación sónica”, entre otros delitos.
El procedimiento ha levantado el rechazo de las organizaciones de defensa de derechos humanos que aseguran que existe una homofobia de Estado que intenta criminalizar la homosexualidad en Venezuela, un país en el que la agenda de movimientos religiosos conservadores que se oponen a la igualdad de derechos para la comunidad LGBTIQ+, comienza a ganar terreno y simpatías del Gobierno de Nicolás Maduro.
Familiares de los detenidos han contado a activistas y medios de comunicación que todos los presentes en el local eran mayores de edad y estaban de forma voluntaria en un lugar privado. Hay versiones que señalan que la detención ocurrió luego de una llamada anónima a la policía en la que se reportó que personas mantenían sexo grupal en el espacio y algunos supuestamente tenían VIH. Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana aseguraron que los detenidos comenzaron a grabarse con el objetivo de comercializar el material como pornografía.
Como en muchas de las detenciones arbitrarias que cometen los cuerpos de seguridad en Venezuela, la presentación ante tribunales se ha demorado hasta este jueves en la tarde y los detenidos han estado incomunicados de sus familias, sin acceso a alimentos y a tratamientos para patologías como diabetes y asma, según han denunciado las ONG. “Ellos no son delincuentes, porque ser homosexual no es ningún delito”, denunció la madre de uno de los detenidos en las redes sociales desde el Palacio de Justicia del Estado de Carabobo, donde un grupo de activistas se movilizó para exigir su libertad plena y el cese de la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+.
Varios artículos del Código Penal de Venezuela son más propios del pasado. Aun así, el texto no sanciona las relaciones sexuales consensuadas entre adultos y el “ultraje al pudor” hace referencia específicamente a actos ocurridos en sitios públicos. Hace unos meses, el Tribunal Supremo de Justicia derogó un artículo del Código de Justicia Militar que penalizaba las relaciones homosexuales entre militares, uno de los últimos vestigios de discriminación por orientación sexual que quedaba explícito en las leyes del país sudamericano, aunque la justificación de los magistrados fue que la norma estaba en “desuso” sin reconocer su carácter discriminatorio ni a sus víctimas. La medida fue tomada luego de la presión del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que lo planteó al Gobierno en su última visita al país en enero de este año. Pero las ONG tenían años exigiendo la derogatoria.
Los activistas denunciaron que a los 33 hombres se les ha sometido al escarnio público y se ha violado su derecho a la privacidad y al debido proceso. Además, han señalado que los familiares han sido extorsionados por los policías para liberarlos a cambio de dinero, un delito que se ha vuelto práctica común entre los cuerpos de seguridad venezolanos sumidos en la corrupción. El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ ha exigido que se investigue el origen de la denuncia anónima y se procese a quienes activaron el aparato del Estado por prejuicio y discriminación basada en orientación sexual. “La detención y criminalización de las personas LGBTIQ+ es algo que se ha mantenido arraigado en el país desde hace varias décadas. La detención de las personas LGBTIQ+ recuerda a cuando se criminalizaba a las personas LGBTIQ+ en la década de los sesenta, setenta y ochenta. Es algo que no debe ocurrir ya que ser LGBTIQ+ no es un delito”, señalan en un comunicado.
Hace unos meses, en el mismo estado Carabobo, líderes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela y autoridades locales y regionales participaron en la juramentación de la directiva del Movimiento Cristiano Evangélico de Venezuela, que integra a varias iglesias que están pidiendo al Parlamento frenar una ley contra todo tipo de discriminación que avanzó en primera discusión a principios de este año. El Estado venezolano es laico, pero estos grupos exigen que se respete lo que llaman el “diseño original” de la familia que establecen sus creencias religiosas, de hombre y mujer, negando derechos a las familias homoparentales. “Vemos con mucha preocupación el acercamiento de los representantes del Estado a estos grupos antiderechos. Que se esté destinando apoyo, dinero y espacios es muy mal presagio para los derechos humanos en el país y en especial los de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+”, dice a EL PAÍS el activista Yendri Velásquez. El defensor señala que este año ocurrió otro allanamiento irregular en una sala de sauna en Caracas y el año pasado en un bar gay, en los que hubo malos tratos, abuso policial, discriminación y extorsión. Pero este caso sienta un precedente con la detención e imputación de delitos. “No habíamos llegado a estos niveles, lo que muestra la profundización de la criminalización de la homosexualidad en Venezuela”.