Condena de Activistas y Sindicalistas Despierta Preocupación
Seis activistas y líderes sindicalistas en Venezuela fueron condenados el martes a 16 años de prisión por cargos de «conspiración» y «asociación para delinquir», lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad internacional. Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín habían sido detenidos el año pasado por participar en protestas en busca de reivindicaciones laborales y salariales.
Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron que estas detenciones formaron parte de una ola de arrestos selectivos dirigidos tanto a trabajadores como a activistas sociales y líderes de la oposición. El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una influyente ONG de derechos fundamentales en Venezuela, calificó la condena como «arbitraria» y señaló que las pruebas presentadas por la fiscalía se basaron en presuntas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp.
«El único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses. Los luchadores sociales se mantenían en las calles por la exigencia de salarios dignos en Venezuela. Este es un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales», escribió Provea en las redes sociales. La asociación Alerta Venezuela también confirmó que el principal testigo en contra de los acusados nunca compareció en el juicio.
Las detenciones y posteriores procesos legales estuvieron marcados por múltiples irregularidades, incluyendo allanamientos sin órdenes judiciales y detenciones arbitrarias. La condena ha llevado a organizaciones como Acceso a la Justicia a alertar sobre un «recrudecimiento» de la persecución política en Venezuela.
La política antisindical en Venezuela ha venido escalando hacia formas más represivas, con amenazas persistentes al ejercicio del derecho a la libertad sindical. La Coalición Regional Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) subraya que la criminalización, detenciones y procesos penales contra dirigentes sindicales son un patrón en el país.
En este contexto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) resaltó que, tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha dirigido hacia actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno. Esto se refleja directamente en el caso de los seis dirigentes sindicales condenados.
Durante el primer semestre de 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 4.351 protestas en todo el país, un aumento del 12% en comparación con el mismo período del año anterior. En gran parte de estas protestas (3.112), se demandaron mejores derechos laborales y se rechazó un salario mínimo oficial equivalente a menos de cinco dólares mensuales. La condena de estos activistas y sindicalistas pone de relieve la creciente preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela.