La diputada Ilenia Medina, perteneciente a Patria Para Todos, ha anunciado su intención de proponer en la Asamblea Nacional la legalización de la revocación de la nacionalidad venezolana, siguiendo el ejemplo de la medida implementada por la dictadura nicaraguense. Sin embargo, esta propuesta genera controversia en relación con lo establecido en la Constitución de Venezuela, específicamente en su artículo 35.
Dicho artículo establece claramente que «Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley». Este principio garantiza la protección de la nacionalidad de los ciudadanos nacidos en Venezuela y establece que la revocación de la nacionalidad por naturalización solamente puede llevarse a cabo a través de un proceso legal y con una decisión emitida por un tribunal, de acuerdo con lo estipulado por la ley.
La propuesta de legalizar la revocación de la nacionalidad, similar a la medida adoptada en Nicaragua, plantea interrogantes sobre la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y su protección ante posibles abusos de poder. La Constitución venezolana busca salvaguardar la integridad de la nacionalidad como un elemento fundamental de la identidad de los ciudadanos, y cualquier modificación en este sentido requeriría un análisis detenido y una discusión amplia para evaluar sus implicaciones legales y sociales.