Maduro y la protección a la oposición: Las amenazas, la investigación y el juego político en Venezuela
Es un episodio más en el complejo panorama político de Venezuela. El lunes, Nicolás Maduro, en un giro inesperado, ofreció «toda la protección» a los políticos opositores que se han sentido amenazados. No es un anuncio que uno escuche todos los días, considerando la tensa relación entre el gobierno y la oposición en el país sudamericano.
Delsa Solórzano, una precandidata presidencial de la oposición, sacudió las redes sociales el pasado sábado al denunciar amenazas de muerte. Según ella, mensajes preocupantes llegaron a su Facebook, con declaraciones alarmantes como «las fuerzas colectivas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) van a asesinarte».
En respuesta, durante su programa «Con Maduro +», el presidente Maduro condenó cualquier forma de violencia y afirmó: «Condeno todo tipo de violencia y ofrezco toda la protección frente a este tipo de amenazas que, sin lugar a dudas, son montajes que vienen de sectores perversos que quieren perturbar la paz y la seguridad de Venezuela.»
Pero, ¿qué hay detrás de esto? Maduro ya sugiere que las amenazas son un montaje y recalca que jamás se han usado tácticas de terrorismo o violencia para resolver diferencias políticas en su gobierno. «Somos gente de paz, gente de diálogo», insistió.
Tras las denuncias de Solórzano, que es solo una entre los 13 aspirantes que busca la nominación presidencial opositora para 2024, el fiscal general, Tarek William Saab, ha iniciado una investigación, designando al fiscal 94 en materia de derechos humanos para averiguar más sobre las amenazas.
Con el ambiente político ya cargado en Venezuela, y en el contexto regional del reciente asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, este nuevo capítulo añade más incertidumbre a una situación ya volátil. Mientras tanto, el mundo observa, esperando ver cuál será el desenlace de la investigación madurista y cómo impactará en el futuro político del país, teniendo en cuenta que sobre el régimen pende la espada de Damocles de la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.