Trabajo especial de EFE
Una persona que esté a punto de recibir sentencia judicial en Venezuela puede ser obligada a comenzar todo el proceso penal desde cero por un apartado del marco legal que, según abogados defensores, hoy es usado a discreción para retrasar la Justicia y mantener en la cárcel a ciudadanos considerados presos políticos.
Aunque el artículo en cuestión no es nuevo, los juristas advierten que en el último año ha servido para dilatar los procesos contra decenas de personas, especialmente activistas y operadores proselitistas que forman parte de la lista de 288 privados de libertad por razones políticas que hay en el país, según la ONG Foro Penal.
«Si el debate (en un juicio) no se reanuda a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su inicio», reza el título 320 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), lo que, en ocasiones, se traduce en años de prisión para quienes esperan ser absueltos o aseguran ser inocentes.
Retardo procesal
Según estimaciones de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), y a falta de datos oficiales, cerca del 70 % de los prisioneros en Venezuela no han recibido una condena definitiva, lo que revela que la mayoría de las personas que están presas son tan potencialmente culpables como inocentes.
Con ese panorama, el Artículo 320 del COPP alimenta el retardo procesal, según el abogado Joel García, quien explica a EFE que una vez que se reinician los juicios, muchas veces a punto de concluir, la «detención preventiva se mantiene» y «se convierte en una pena anticipada», sin certezas sobre cuál será la sentencia.
El texto que justifica estas repeticiones, indica García, se basa en el «principio de inmediación», según el cual el juez debe seguir el proceso desde que comienza hasta que termina, sin retrasos mayores a 11 días hábiles, a fin de generar una «decisión equilibrada», producto de un análisis ininterrumpido de las evidencias durante el tiempo que dure la causa.
El problema actual, subraya, es el uso de este apartado para mantener en prisión a varios ciudadanos, una táctica aplicada por los operadores del sistema de Justicia con actos en los que «ni siquiera la forma se cuida, porque ellos tienen garantizada la impunidad». »Estos retardos son para mantenerlos privados de su libertad, son ejemplarizantes para todo aquel que quiera, de alguna manera, ser disidente de la forma política (…) Cualquiera de nosotros estamos en libertad condicional, cuando al Gobierno se le antoje ir por nosotros, no hay juez, no hay fiscal, no hay Defensoría del Pueblo que valga», sostuvo.
García defiende al periodista Roland Carreño, un colaborador del partido opositor Voluntad Popular que está preso desde octubre de 2020 y ha vivido tres veces el mismo juicio, el último de ellos interrumpido a mediados de julio, cuando estaba a una sola audiencia de recibir sentencia y el proceso sobrepasó los once días continuos suspendido.
El abogado detalla que en esa oportunidad se detuvo el enjuiciamiento porque despojaron de sus competencias al juez, pues, como solo ocurre con estos delitos, la jurisdicción en materia de terrorismo «no recae sobre los tribunales» especializados, sino sobre personas que, remarca, si se enferman o mueren dejan a los juzgados a la deriva.
Esta denuncia también la hace el abogado Miguel Forero, defensor del activista Javier Tarazona, preso desde julio de 2021 e imputado por terrorismo tras señalar a representantes del Estado por supuestas reuniones con «grupos armados» y luego de haber presentado «más de 1.200 denuncias» ante la Fiscalía sobre irregularidades en las fronteras.
Tarazona, considerado preso político igual que Carreño, es otro de los afectados por el despojo de competencias a un juez en materia de terrorismo y está a la espera de un tercer intento, luego de haber pasado un segundo proceso con 22 audiencias que no sirvieron para nada.
«Muchas veces pasa que no tienen como traer a los detenidos (a los tribunales), que no vienen testigos, que no vienen funcionarios», explica Forero, quien descarta que sea una coincidencia la interrupción de estos juicios, una táctica que empuja a algunos prisioneros a «admitir delitos» solo para acelerar los procesos.
«Llega un momento en que la gente (dice): ‘voy a buscar una alternativa, una pena más baja’. Y admite los hechos. Pasa eso, y creo que es una gran injusticia«, expresó.
Los juristas, que no saben cuántas personas son sometidas a juicios repetidos, aseguran que se trata de «muchos casos» en los que ciudadanos inocentes hasta que se demuestre lo contrario siguen presos a la espera de «una justicia tardía», lo que, según García, «se convierte en una injusticia».