El autor destaca que los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales pueden ser garantizados por los municipios, desde el derecho al agua, la educación y la salud pública.
Por Julio Castellanos
Ciertamente los DDHH ameritan observación, promoción y defensa en todos los escenarios y en todos los niveles de gobierno. Pese a ello, un espacio que me parece clave para luchar por la dignidad humana y la plena vigencia de las garantías previstas en la Constitución Nacional es el municipio. Para empezar, es en el contexto local en el cual los derechos civiles y políticos, específicamente aquellos relacionados a la plena participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, tienen la oportunidad de hacerse concretos, sustanciales y reales. Es un hecho que, en el marco municipal, el gobierno está cerca de los ciudadanos y la gente puede incidir más fácil sobre quienes gobiernan.
Si nos atenemos a las funciones, atribuciones y competencias que la Constitución y la Ley del Poder Público Municipal le proporcionan al gobierno local, nos convencemos que los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales pueden ser garantizados por los municipios, desde el derecho al agua, la educación y la salud pública, la previsión de servicios específicos para la vejez y la niñez, la seguridad ciudadana y hasta la gestión ambiental.
Ahora bien, debemos estar de acuerdo en que al municipio no le falta ni vocación, ni legalidad para dotarse de capacidades y políticas públicas que hagan transversal un enfoque garantista de los derechos humanos. El problema, la terrible ausencia, está en al menos dos elementos: 1) el desconocimiento generalizado por parte de las actuales autoridades locales de los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y 2) la colonización del PSUV de todo el espacio cívico, al punto en que todo el gobierno local se convirtió en un apéndice de la vida interna de ese partido político.
En el municipio Libertador, en el Estado Carabobo, por ejemplo, las sesiones del Concejo Municipal, las estadísticas públicas, el presupuesto municipal, los créditos adicionales son secreto de Estado. Si la opacidad es la regla antes que la excepción, pues, ya hay una primera derrota contra el ciudadano porque aún no existe ningún ejemplo de un gobierno bajo opacidad administrativa que al mismo tiempo sea un éxito socioeconómico que mejore la calidad de vida de su gente y sea fuente de bienestar y prosperidad. Ni aquí, ni en Pekín.
Se hace necesario que los ciudadanos recobren el control de los gobiernos municipales, se organicen y usen el voto, en el momento previsto para ello, para elegir auténticos representantes de la voluntad y el interés general. Que esos nuevos gobiernos permitan la dinámica institucional, es decir, que el Concejo Municipal legisle y la Contraloría Municipal controle, pero, además, interactúe con los distintos actores sociales locales, regionales y nacionales y, porque no, globales. Recuérdese que si hay una primera tarea que tienen los gobiernos locales en Venezuela es, junto con la ONU y sus distintas agencias, mitigar la crisis humanitaria compleja que afecta a la población. Organizar fiestas, conciertos y pachangas es tarea de dueños de agencias de festejos no de alcaldes. Todos tenemos el deber de hacerlo posible.
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