Madre de estudiante detenido por la PNB se enfrenta al sistema desde la Defensoría del Pueblo.
“Él es inocente de todo lo que se le acusa”. Las palabras de Wendelin Peña resuenan en la Defensoría del Pueblo en Caracas, donde la madre desesperada busca justicia para su hijo, el estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez, detenido la semana pasada por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Un llamado desesperado
Con la voz cargada de angustia, Peña compartió los relatos aterradores de su hijo sobre los abusos físicos que sufrió mientras estaba detenido, incluyendo «golpes muy inteligentes y electricidad». Pidiendo al defensor Alfredo José Ruiz Angulo ejercer su poder, Wendelin presentó el testimonio de Álvarez, quien aseguró haber sido obligado a grabar videos donde “incriminaba” a otros sindicalistas. “Por supuesto se mantuvo como le hemos inculcado, basándose en su verdad, estas personas no tienen nada que ver, ni siquiera las conoce. No podía inventar algo que no es verdad”, relató la madre visiblemente afectada.
Complicaciones legales
El joven estudiante, quien también se desempeña en la Comisión de Usuarios del comedor estudiantil, fue presentado ante tribunales la noche del 4 de septiembre, enfrentando cargos graves como “conspiración” y “asociación para delinquir”. Joel García, abogado del caso, explicó que el tribunal, especializado en delitos de terrorismo, relacionó a Álvarez con un caso reciente de seis dirigentes sindicales condenados a largas penas de prisión.
La presión y el papel de la Defensoría
La mirada está ahora puesta sobre la Defensoría del Pueblo, una entidad encargada de proteger los derechos humanos en el país, pero que a menudo se ve sumergida en complejas tramas políticas y legales. Álvarez, y otros en su situación, dependen de la capacidad de esta organización para intervenir eficazmente y asegurar que se respeten los derechos y garantías establecidas en la Constitución.
¿Hacia dónde va esto?
La detención y posterior denuncia de tortura de Álvarez ha encendido alarmas tanto en la comunidad universitaria como en grupos defensores de derechos humanos. El caso pone en el centro del debate la justicia y la transparencia en las instituciones gubernamentales, generando preguntas inquietantes sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela. Con una madre que clama por justicia y un país que observa, el futuro de Álvarez y de muchos otros jóvenes venezolanos permanece, por ahora, en una encrucijada llena de incertidumbre.