El exdiputado y defensor de los derechos humanos enfrenta una citación judicial tras acusar a autoridades locales de violaciones graves a los derechos humanos.
El presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), William Contreras, ha denunciado un supuesto intento de persecución judicial contra el activista de derechos humanos y director general del Ciciven, el exdiputado de la Asamblea Nacional Walter Márquez.
Según información del diario «La Nación», recientemente Márquez señaló directamente al alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, y al director general de la municipalidad, Juan Rodolfo Martínez, como presuntos violadores de derechos humanos y perpetradores de delitos de persecución. Tras estas aseveraciones, el activista ha denunciado ser víctima de intimidaciones y asedio.
En distintas ocasiones, Márquez acusó a Zambrano de destruir arbitraria e ilegalmente establecimientos en el Hospital Central de San Cristóbal, entre ellos un restaurante en la terminal de autobuses. Además, le atribuye la responsabilidad indirecta en la muerte de María Lourdes Zambrano, quien habría sufrido un infarto a consecuencia del estrés emocional generado por un encuentro con fiscales de Renta Municipales.
Contreras informó que Zambrano y Martínez presentaron una denuncia en contra de Márquez ante la Fiscalía Primera del Ministerio Público de San Cristóbal, estableciendo una citación judicial para este lunes 11 de septiembre. “Rechazamos contundentemente este acto y exigimos una rectificación y una investigación profunda sobre los graves señalamientos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que hemos realizado”, expresó el presidente de Ciciven.
Desde la organización aseguraron que tomarán todas las medidas legales pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional, para defender el compromiso de Márquez con los derechos humanos y las garantías constitucionales.
El pasado mes de mayo, el exdiputado ya había solicitado a las autoridades venezolanas y colombianas que investigasen las denuncias del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien reveló la existencia de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones masivas en la frontera entre los dos países.
Mancuso aseveró que las AUC dispusieron de los cuerpos de aproximadamente 200 víctimas en el lado venezolano de la frontera tras deshacerse de su «horno crematorio». A esto, Márquez agregó que se debería incluir la desaparición de unos 300 ciudadanos adicionales, los cuales no han sido encontrados desde el cierre de la frontera en 2015 y sobre los cuales no se ha abierto ninguna investigación. La denuncia de Márquez busca arrojar luz y exigir justicia ante esta terrible serie de sucesos, esperando una respuesta adecuada de las autoridades competentes.