La relatora contra la tortura, Alice Jill Edwards, expresa su preocupación ante el uso de armamento prohibido por más de cien países.
La relatora de la ONU contra la tortura, Alice Jill Edwards, hizo un llamado urgente este miércoles para que Estados Unidos reconsidere su decisión de enviar bombas de racimo a Ucrania, un tipo de armamento que está prohibido según la Convención de Oslo de 2008. Es importante señalar que ni Ucrania ni Estados Unidos están adheridos a dicha convención.
A través de un comunicado, Jill Edwards destacó que las bombas de racimo, que fueron responsables de al menos 1.172 muertes el año pasado, «pueden causar daños graves e indiscriminados a los civiles, tanto ahora como en el largo plazo». La relatora australiana ya había manifestado su preocupación en una carta privada dirigida al gobierno estadounidense en julio, una comunicación que no obtuvo respuesta. En ella, insistía en la reconsideración del envío de dicho armamento a Ucrania para su uso en el conflicto contra Rusia.
En su llamamiento público, Edwards instó al gobierno de Estados Unidos a «mostrar liderazgo en este campo», enfatizando que «las necesidades militares no pueden anteponerse a los derechos humanos». La experta recordó que más de cien países han prohibido este tipo de bombas.
Estas armas han sido empleadas tanto por Rusia como por Ucrania en el conflicto que los enfrenta. Según datos de un estudio reciente elaborado por la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC), el conflicto ucraniano ha incrementado las víctimas mortales por este tipo de armamento; multiplicando por ocho el número de víctimas en 2022 en comparación con el año anterior.
El estudio de la CMC revela datos preocupantes: el 95% de las víctimas de estos ataques son civiles, y el 71% de los afectados por los remanentes de estas bombas, que no explotan inmediatamente, son niños. Este tipo de armamento funciona dispersando múltiples submuniciones o minibombas sobre una amplia área, dejando tras de sí un peligro latente y prolongado, similar al de las minas antipersona.
Pese a los datos y las prohibiciones establecidas por la Convención de Oslo, existen países que no se han adherido a este tratado, permitiendo así la producción y uso de estas bombas. Entre ellos, además de Estados Unidos, se encuentran potencias significativas como Rusia, China, India y Brasil, así como miembros de la Unión Europea, incluidos Polonia, Rumanía y Grecia.