Pocos en Venezuela creen que la reciente “toma” de la cárcel de Tocorón fue real. La realidad en Venezuela es la de la gobernanza criminal instaurada en las cárceles, dicen expertos.
Por José Ospina-Valencia – Publicado en dw.com
El pasado 20 de septiembre de 2023, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tomó el Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como cárcel de Tocorón. El Gobierno habría desplegado 11.000 agentes para neutralizar a unos 5.500 reclusos, muchos de ellos armados. Se trata de miles de presos cuyo paradero sigue sin poder ser establecido por fuentes independientes.
Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, asegura que dicha toma fue un «golpe demoledor» al crimen organizado. ¿Logró el Gobierno de Nicolás Maduro el «descarrilamiento” de la mayor banda del crimen transnacional en Venezuela, como afirma Saab? Hasta hoy, 22 de septiembre, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, quien dirigió la operación, solo había reportado la muerte de un agente y la captura de 4 vigilantes.
11 mil agentes, miles de presos y muchas armas
«Mientras el fiscal de Venezuela habla de golpe al crimen organizado, la verdad es que el pueblo habla de farsa”, dice a DW Humberto Prado, director del Observatorio de Prisiones de Venezuela (OPV).
Hay muchas cosas que no cuadran, dice Prado: «Hay varios elementos que hemos medido en tomas de cárceles desde 2012 en Venezuela. Ha habido diversas tomas de penales, y todas, menos esta, tienen algo en común: la operación de recuperación ha durado siempre días o semanas. Mientras la de Tocorón duró solo 5 horas, a pesar de ser la base de operaciones del ‘Niño’ Guerrero, el jefe de la mayor banda criminal transnacional de Venezuela”.
Según el OPV, la megabanda del Tren de Aragua se ha extendido a 11 Estados de Venezuela y otros países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. También delinquirían en Costa Rica y México, y uno de los jefes de la banda se encontraría en Estados Unidos.
Hay otro aspecto: «Las autoridades ni siquiera han llamado por el nombre a los jefes ni a la banda criminal Tren de Aragua”, resalta en entrevista con DW Ronna Rísquez, investigadora del crimen organizado en Venezuela, quien advierte que en los videos mostrados por el gobierno se ven túneles por los que, supuestamente, habrían escapado algunos presos.
Es más, revela el jurista Humberto Prado: «El OVP pudo enterarse de que la supuesta intervención a Tocorón fue conversada con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño’ Guerrero, máximo líder del penal y del Tren de Aragua, quien se encargó de salir del penal días antes de la intervención”. Al ‘Niño’ Guerrero lo habrían seguido sus lugartenientes más allegados”.
El jefe criminal «salió”, no «huyó”: esa es otra de las particularidades de la vida carcelaria en la Venezuela de Maduro. Según Rísquez, «el ‘Niño’ Guerrero permanecía en la cárcel de Tocorón, a pesar de haber cumplido ya la pena de 17 años por la que había sido condenado”. Él se quedó allí «porque la cárcel se había convertido en la sede perfecta del crimen nacional e internacional”, agrega, por su parte, Humberto Prado.
Toma de la cárcel de Tocorón, ¿lucha contra el delito o burla?
Para la autora Ronna Rísquez, la acción de sellar la sede del crimen transnacional en Venezuela puede tener una razón: «Las actividades delictivas del Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón se estaban convirtiendo en una mancha de la imagen pública del gobierno del presidente Nicolás Maduro”.
Las quejas, pedidos e insinuaciones a Maduro crecían: «Boric y la alcaldesa de Bogotá habían pedido actuar contra el Tren de Aragua, y el presidente de Colombia había declarado una prioridad la lucha contra la toma de la frontera común por parte de grupos criminales”.
Esas exhortaciones a tomar medidas contra el crimen organizado llegaron desde del exterior, mientras los pedidos desde Caracas de abolir las sanciones son cada vez más desesperados.
Pero el hecho de que la «gran toma” se ejecutara justo el 20 de septiembre genera, además, otras suspicacias. «Justamente ese día se estaba presentando el cuarto Informe de Naciones Unidas de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela”, señalan, tanto la investigadora Rísquez como el jurista Prado. Un informe en el que se suelen denunciar las violaciones de Derechos Humanos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, de los que se acusa al Gobierno de Venezuela.
«Para agosto de este año, de acuerdo con los datos de la organización Justicia Encuentro y Perdón, el régimen de Nicolás Maduro mantiene en distintos centros de detención a 323 presos políticos. De este grupo, al menos 103 presos han sido sometidos a diversos métodos de tortura, como golpes, palizas, cortes, ahogamientos simulados, violencia sexual y tortura psicológica. Además, al menos 212 presos sufren tratos crueles y degradantes, y enfrentan condiciones inhumanas de reclusión, incluyendo hacinamiento, insalubridad, falta de ventilación, escasez de alimentación, higiene deficiente, falta de acceso a medicamentos y atención médica, y aislamiento del contacto con familiares y abogados con el fin de ocultar el verdadero estado de salud de los presos”, escribe en una columna para DW el politólogo venezolano Ramón Cardozo.
Gobernanza criminal en las cárceles de Venezuela
Según informaciones recogidas por el OVP, el jefe de el Tren de Aragua estaría en Perú, y otro de sus jefes habría escapado de Chile a Estados Unidos.
El libro de Ronna Rísquez «El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, es la historia de una desintegración estatal y social: el Tren de Aragua comenzó como una banda que operaba desde una cárcel. Al fusionarse con otras, tomó posesión de un pueblo, una zona industrial, un aeropuerto militar y un lago. Ahora es una organización criminal involucrada en más de 20 actividades ilícitas: drogas, oro, tráfico de personas. Y opera desde Costa Rica hasta Chile.
Rísquez concluye que «El Tren de Aragua es un caso de gobernanza criminal. Es una banda convertida en ejército delictivo transnacional y un sustituto violento del Estado en comunidades donde las instituciones legítimas han abandonado su deber e influencia”.
A todo esto, el fiscal general de Venezuela dijo este 21 de septiembre en Anzoátegui que «se siente el clima en el país de estabilidad pacífica, de estabilidad política, de convivencia ciudadana».