Para que el actual régimen permita la transición hacia una democracia se deben crear incentivos tangibles, considera Tamara Taraciuk.
Por TAMARA TARACIUK
A medida que se acercan las elecciones presidenciales de Venezuela programadas para 2024, la atención internacional se enfoca principalmente en cómo garantizar condiciones mínimas en los comicios. Altos funcionarios de Estados Unidos han manifestado públicamente su disposición de levantar algunas sanciones a cambio de concesiones significativas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y claramente existe un canal de comunicación en curso entre autoridades estadounidenses y venezolanas. Sin embargo, esta discusión a menudo pasa por alto un aspecto fundamental: el plan para el día después. Ninguna transición de poder puede llevarse a cabo con éxito sin un camino claro para el día después de las elecciones.
La sensación de normalización de la situación en el país— explicada por múltiples factores como una economía virtualmente dolarizada, el creciente reconocimiento internacional del gobierno de Maduro y la disminución de la visibilidad de las violaciones de derechos humanos y la grave situación humanitaria en medios de comunicación globales— ha creado condiciones para que interactuar con quienes están en el poder sea la estrategia predominante. Es importante destacar que es atípico que un país tenga una inflación de 400%, practique una represión selectiva, requiera millones de dólares en asistencia humanitaria, y que genere una de las mayores crisis de migración y refugiados de la que el mundo haya sido testigo en décadas.
Ahora bien, esta interacción no es necesariamente mala. Es esencial dialogar con todas las partes involucradas. La cuestión es cómo asegurarse que esta conversación allane el camino para transitar del actual gobierno autoritario hacia algo más parecido a una apertura democrática y, en última instancia, a la eventual restauración de las instituciones de esta nación devastada. No debe ser una táctica para comprar tiempo y perpetuar a quienes están en el poder.
Los esfuerzos para facilitar elecciones lo más libres y justas posible son fundamentales y deben basarse en la hoja de ruta establecida por la Unión Europea después de su misión de observación electoral de 2021. Esta hoja de ruta destaca medidas clave como permitir que los candidatos inhabilitados se postulen para cargos públicos, fortalecer la separación de poderes y la independencia judicial, y abolir la autoridad del Contralor General para inhabilitar administrativa y arbitrariamente a opositores políticos. Es imperativo asegurar la participación en las primarias de la oposición programadas para el 22 de octubre.
¿Por qué aquellos que están aferrados al poder lo permitirían? No lo harán por buena voluntad. La historia muestra que las autoridades venezolanas no hacen concesiones por gusto y la situación actual no es una excepción.
Una pregunta apremiante exige una respuesta urgente: ¿cómo incentivar a quienes están en el poder a renunciar a sus privilegios y aceptar una transición democrática? Esto va más allá de una discusión teórica sobre el modelo de convivencia política y social democrática en el futuro, que, sin duda, es importantísimo. Se trata de crear las condiciones necesarias para que esta apertura ocurra.
Un puente dorado
En otras palabras, ¿cómo proporcionamos un “puente dorado” para (algunos miembros del) gobierno de Maduro? Aunque el levantamiento de sanciones y el reconocimiento internacional de las elecciones pueden ser herramientas valiosas, por sí solas no resolverán mágicamente la crisis en Venezuela.
La rendición de cuentas puede desempeñar un papel crucial. Durante años, aquellos en el poder en Venezuela han cometido dos tipos de delitos: graves violaciones de derechos humanos y actos relacionados con corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas.
Las violaciones de derechos humanos perpetradas en Venezuela, incluidas las brutales represiones en 2014 y 2017, han llevado a la primera investigación por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica. Incluye acusaciones de privación de libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como persecución por motivos políticos. Expertos independientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU han revelado la complicidad del poder judicial e informaron recientemente sobre la represión selectiva en curso. Estos mecanismos internacionales ofrecen la principal vía para que las víctimas obtengan justicia. El fiscal de la CPI también ha acordado colaborar con las autoridades venezolanas en la reforma del sistema judicial mientras su oficina continúa la investigación.
Activistas contra la corrupción han documentado más de 200 investigaciones en 29 países que implican a altos funcionarios en el desvío de millones de dólares para beneficio propio, de sus aliados o sus familias. La mayoría de los casos se ventilan en Estados Unidos, pero también en Argentina, España, Colombia y Brasil. Sectores clave afectados por los casos de corrupción incluyen la industria petrolera, el sistema de salud, la seguridad y el poder judicial.
El derecho internacional establece pautas claras para investigar y enjuiciar graves violaciones de derechos humanos. Las amnistías o indultos no pueden aplicarse a los crímenes más atroces. No es aceptable la jurisdicción de tribunales militares, que a menudo carecen de la independencia necesaria. Los plazos de prescripción no se aplican en estos casos.
Estas líneas rojas no pueden cruzarse. Existen algunas áreas grises, incluyendo cuestiones relacionadas con la responsabilidad de la cadena de mando, la gravedad de los delitos o los tipos de sanciones que se impondrán. Aunque es posible aprender de cómo otros países resolvieron estos dilemas, se requiere una solución pensada para Venezuela que tome en cuenta sus circunstancias únicas, las perspectivas de las víctimas y sus familias, y las obligaciones del derecho internacional.
Restaurar la democracia
Existen dos razones por las cuales considerar otros tipos de delitos cometidos en Venezuela podría ser más productivo. En primer lugar, dada la claridad del derecho internacional con respecto a los crímenes de lesa humanidad, nunca puede haber impunidad total para algunas personas y casos. Por ejemplo, una investigación de la CPI o una denuncia basada en la jurisdicción universal por tortura siempre perseguirán a los máximos responsables. En segundo lugar, muchas personas en el poder en Venezuela, o con vínculos al poder, han estado involucradas en corrupción, mala gestión, crimen organizado o tráfico de drogas, pero posiblemente no necesariamente enfrenten juicios por crímenes de lesa humanidad.
Algunos tal vez prefieran ser recordados por haber llevado a Venezuela de vuelta a la democracia en lugar de formar parte de un régimen represivo. Para involucrarlos en la apertura a una transición democrática, se necesitan incentivos, y las investigaciones criminales en curso sobre corrupción y delitos relacionados pueden proporcionarlos.
No sería la primera vez que individuos que enfrentan una amenaza real de ser procesados por autoridades con voluntad política para avanzar en estos casos son persuadidos de cooperar cuando se les brinda incentivos significativos a cambio de su supervivencia. Una reducción de la condena o la posibilidad de conservar algunos de los fondos obtenidos ilegalmente son resultados posibles, un puente dorado.
Será esencial identificar quiénes están dispuestos a ser parte de esta conversación, qué beneficios pueden ofrecerse dentro del marco del Estado de derecho e, igualmente importante, comprender cuáles son las expectativas de quienes ostentan el poder y cómo puede garantizarse el cumplimiento de estos acuerdos para asegurar una convivencia política y social democrática a largo plazo. Para tener éxito, esta propuesta debe tener en cuenta la dinámica política en Venezuela, incluyendo las divisiones internas dentro del partido gobernante, la necesidad de unidad dentro de la oposición y la opinión pública.
A pesar de la urgencia de abordar estas preguntas hoy, es crucial recordar que la situación actual de Venezuela no ocurrió de la noche a la mañana. La debacle de su democracia ha sido un proceso gradual y restaurarla requerirá un esfuerzo lento, incómodo y posiblemente complicado. Para lograrlo, debemos pensar más allá de las condiciones electorales.
Tamara Taraciuk es la directora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano.
Publicado originalmente en Americas Quarterly.
Las opiniones publicadas en El Nuevo País son responsabilidad absoluta de su autor.