Laboratorio de Paz insta a mantener el embargo de armas de la UE y alerta sobre el posible impacto en los derechos humanos ante la potencial reanudación del comercio de armamento con Venezuela.
La reciente solicitud del ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, de revisar las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela ha suscitado reacciones inmediatas.
En el centro de la polémica se encuentra el informe difundido por la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, el cual emite una advertencia severa ante la posibilidad de que el bloque europeo retome la exportación de armas a un país investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
El informe del Laboratorio de Paz detalla que, a diferencia de las sanciones de corte más amplio aplicadas por Estados Unidos, las de la UE han sido diseñadas para ser individuales y selectivas, afectando a 55 funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos y en el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, sin perjudicar directamente a la población civil.
El embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, junto con prohibiciones de viaje e inmovilización de bienes, forman parte de las medidas que el Consejo de la UE ha enfatizado que buscan aliviar la difícil situación del pueblo venezolano.
Sin embargo, el historial comercial de los países de la UE, particularmente España y Países Bajos, en materia de armamento hacia Venezuela, plantea un escenario complejo. Entre 1998 y 2022, el informe señala que Venezuela adquirió un total de 5.615 millones de dólares en armamento, con un 16.15% de ese monto correspondiente a ventas europeas.
La venta de material antidisturbios por parte de España en 2014, coincidiendo con las protestas antigubernamentales que resultaron en decenas de muertos y cientos de heridos, ha sido objeto de crítica por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones, quienes han cuestionado la congruencia de tales ventas con los principios de derechos humanos.
En respuesta a este panorama, Laboratorio de Paz sugiere que las medidas de la UE se extiendan por 12 meses adicionales, permitiendo evaluar la disposición del gobierno de Venezuela para facilitar una resolución pacífica al conflicto, a través de elecciones democráticas.
La propuesta española de revisión de las sanciones será discutida en una próxima reunión de ministros de Exteriores de la UE el 13 de noviembre de 2023, según indicaciones del canciller español y con el respaldo del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Este encuentro será crucial para definir la posición europea ante la evolución política en Venezuela.