Las audiencias en la CPI se intensifican mientras el régimen de Maduro desafía las decisiones preliminares y las responsabilidades lingüísticas en el caso de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) se convirtió en el escenario de un enfrentamiento lingüístico y jurídico, cuando la defensa del régimen de Nicolás Maduro presentó argumentos sobre la carga de la traducción de documentos en el caso de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Ben Emmerson, abogado del régimen, señaló que la responsabilidad de traducir los documentos recae en la Fiscalía, enfatizando las implicaciones discriminatorias de no hacerlo para los países hispanohablantes, que calificó como «muchos países pobres».
El equipo de defensa de Maduro también abordó el reto económico y temporal que implicaría la traducción de más de 25.000 páginas, una aseveración que fue cuestionada por la Fiscalía y la Oficina de Defensa de las Víctimas. Estos últimos recordaron que Venezuela tenía la opción de solicitar que el proceso se realizara en español y no tomó las medidas pertinentes.