Familiares y ONGs de derechos humanos exponen la grave situación de los presos políticos en Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se convirtió en escenario de denuncias graves por parte de familiares y activistas de derechos humanos respecto al incumplimiento del Estado cubano de medidas cautelares dictadas para los presos políticos en la isla.
En la audiencia, celebrada en el marco del 188 periodo de sesiones de la CIDH, se evidenció la precaria situación de más de 1.000 presos políticos, muchos de los cuales padecen condiciones infrahumanas de encarcelamiento.
Rosa María Payá, una voz prominente en la lucha por la liberación de los presos políticos, destacó la urgencia de que «las voces de la Comisión se levanten en favor de la libertad inmediata de los presos políticos».
Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer, reforzó este llamado, describiendo las condiciones «inhumanas» en las que se encuentra su padre.
El caso de las Damas de Blanco y un miembro del Movimiento Cristiano Liberación fue presentado por Johanna Villegas, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Destacó que estas mujeres enfrentan un riesgo constante de violencia y represión por parte del Estado cubano.
Villegas señaló que han documentado 395 detenciones «de corta duración» solo en lo que va del año.
Laritza Diversent, de Cubalex, puso el foco en los defensores de derechos humanos, en especial los integrantes del Movimiento San Isidro, quienes han enfrentado detención, acoso continuo y otras intimidaciones.
Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presentó los casos de Ibrahim Domínguez Aguilar y Walnier Luis Aguilar Rivera, condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, mostrando cómo el Estado cubano tiene múltiples vías legales para excarcelar a estos presos políticos.
Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, enfatizó en las violaciones al debido proceso en Cuba, destacando la ausencia de abogados defensores independientes y la dependencia orgánica de los jueces y tribunales frente al poder político.
Las organizaciones participantes instaron a la CIDH a incluir en su informe anual 2023 la información presentada, enfatizando en el deterioro físico y emocional de los privados de libertad y sus familias. Con estas denuncias, se busca evidenciar ante la comunidad internacional la crítica situación de los presos políticos en Cuba y la necesidad urgente de una respuesta contundente a favor de sus derechos humanos.