El madurismo permitiría el avance de las apelaciones en el TSJ contra las inhabilitaciones ante inminencia del “deadline” de EE.UU.
El gobierno de Venezuela podría estar considerando una maniobra diplomática clave: permitir el avance de apelaciones de políticos opositores prohibidos de ocupar cargos públicos, en un intento por satisfacer demandas de Estados Unidos vinculadas a la relajación de sanciones.
Según fuentes de Reuters, esta medida sería parte de los esfuerzos de cumplimiento antes de la fecha límite del 30 de noviembre, establecida por Washington como condición para mantener un alivio de las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana.
En octubre, EE.UU. flexibilizó ciertas sanciones a cambio de un acuerdo sobre las elecciones de 2024, demandando acciones concretas por parte del presidente Nicolás Maduro, incluida la liberación de presos políticos y estadounidenses considerados «detenidos injustamente».
Entre los afectados por las prohibiciones actuales se encuentra la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado, excluida de ocupar cargos.
La administración Biden, bajo la presión de los republicanos, debate internamente las medidas a tomar si Maduro no actúa antes del plazo establecido. Las fuentes indican que las reacciones de EE.UU. podrían no ser inmediatas, pero sí podrían llegar semanas después del vencimiento del plazo.
La oposición venezolana y otras fuentes indican que es posible que el Tribunal Supremo de Justicia permita progresos en las apelaciones. Esto podría formar parte de un anuncio sobre el proceso legal para las prohibiciones, aunque no necesariamente esta semana.
El gobierno venezolano, consciente del descontento popular y necesitado del ingreso petrolero, podría estar evaluando estas opciones.
Aunque en octubre se liberaron cinco presos, no ha habido más liberaciones, y sigue siendo incierto cuántos presos políticos podrían ser puestos en libertad.
EE.UU. se enfoca en la liberación de tres ciudadanos estadounidenses y otro cuyo paradero es desconocido, que podrían ser liberados en diciembre o enero.
El Departamento de Estado de EE.UU. ha reiterado que revertirá las medidas de alivio si Maduro no cumple con los términos acordados. Adicionalmente, se menciona que podrían restablecerse sanciones específicas, como a la empresa estatal Minerven.
Los contactos entre funcionarios estadounidenses y venezolanos han continuado desde su último encuentro en Qatar, aunque no se ha revelado si se ha avanzado en las negociaciones.
La situación sigue siendo una amalgama de diplomacia y estrategia económica, con los ojos del mundo puestos en la respuesta de Maduro y las consecuentes acciones de Estados Unidos.