Nuevo decreto introduce escalas regresivas en el cálculo de pensiones para reducir gasto público.
El Consejo de Ministros de Cuba implementó una reforma significativa en el cálculo de las pensiones por jubilación e invalidez total, en respuesta a los retos económicos y demográficos que enfrenta el país. El decreto, que entró en vigor el 4 de enero tras su publicación en la Gaceta Oficial, introduce un nuevo método de cálculo con escalas regresivas, en un intento de reducir el gasto público.
Este cambio llega en un contexto de desplome de las finanzas del Estado cubano, un acelerado envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de vida, y pérdida de ingresos tributarios debido a la emigración masiva de trabajadores. La nueva normativa penalizará a los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio, una medida que busca equilibrar las pensiones con los desafíos económicos actuales.
Bajo el nuevo decreto, la base de cálculo de la pensión se determinará sobre el salario promedio mensual de los mayores salarios devengados por el trabajador durante cinco años, seleccionados de entre los últimos quince años antes de la solicitud de la pensión. Las utilidades, que ahora forman parte de la base de cálculo para las prestaciones a largo plazo, estarán sujetas a un cálculo regresivo. Por ejemplo, al exceso de veintiocho mil quinientos treinta pesos, se le aplicará el veinte por ciento.
El Gobierno cubano justifica esta medida señalando que la distribución de utilidades en el pago de las pensiones ha generado retribuciones con elevadas cuantías, lo que ha llevado a una necesidad de cambiar la base de cálculo para atenuar los gastos del presupuesto de la seguridad social.
El envejecimiento de la población cubana, según el texto oficial, incrementa los gastos del sistema de seguridad social, al aumentar tanto el número de personas que alcanzan la edad de jubilación como el tiempo durante el cual se mantienen como pensionados. Además, disminuye la cifra de contribuyentes, ya que no se reemplaza la fuerza laboral ocupada.
Aunque en 2020 se había modificado el pago de pensiones, fijando la pensión mínima en 1.520 pesos, la devaluación del peso cubano y la inflación han llevado a muchos ancianos a una situación de pobreza. El nuevo Decreto 99 mantiene condiciones especiales para pagos excepcionales por actividades específicas, como las que se aplican en la actividad portuaria.
Esta reforma es parte de un ajuste más amplio a las políticas económicas de Cuba, enfrentando un escenario socioeconómico desafiante. Con el 22,3% de su población mayor de 60 años y una esperanza de vida que supera los 77 años, la Isla busca equilibrar sus finanzas estatales con las necesidades de su población envejecida.