Un juez estadounidense abre la puerta a acreedores vinculados con Venezuela para participar en la subasta de acciones de Citgo.
En una decisión que podría alterar el tablero financiero y político, un juez de los Estados Unidos autorizó la participación de un conjunto de acreedores relacionados con Venezuela en la inminente subasta de acciones del holding de Citgo Petroleum. Este movimiento judicial, considerado un hito en la compleja trama económica y política entre EE.UU. y Venezuela, ha encendido los debates y las especulaciones sobre el futuro de una de las refinerías más grandes en suelo norteamericano.
El juez Leonard Stark, en un fallo emitido el lunes, ha permitido la entrada de estos grupos de acreedores en el proceso de subasta, que hasta ahora había sido dominado por los demandantes principales: Crystallex y ConocoPhillips. Sin embargo, esta inclusión no viene sin condiciones, ya que los nuevos participantes deben cumplir con un plazo estricto establecido para el 12 de enero, sin posibilidad de extensiones, según informó la corte en Delaware.
Esta apertura a nuevos jugadores en el tablero legal de Citgo pone de manifiesto la complejidad y los múltiples intereses en juego en esta disputa. La empresa, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se ha convertido en un codiciado trofeo tanto para los acreedores internacionales como para los actores políticos.
«El juez Stark ha dado prioridad a los reclamos de Crystallex y ConocoPhillips, que ascienden a casi $11 mil millones. Si se pagan por completo, podría dejar poco para los demás», señaló un analista financiero que sigue de cerca el caso.
El fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que desestimó el lunes una moción de Venezuela para limitar el número de empresas que podrían participar en la subasta, abre una ventana para que cualquier acreedor adicional obtenga una parte de los ingresos de la subasta, especialmente si los acreedores más grandes llegan a un acuerdo con Venezuela.
«Las expectativas de un acuerdo han aumentado a medida que se acerca la subasta judicial de las acciones», comentó un portavoz de uno de los acreedores. «Cualquier negociación final debe ser escuchada por la corte».