La reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU. genera opiniones encontradas entre José Ignacio Hernández y Francisco Rodríguez sobre el futuro de Citgo.
En un reciente giro en la batalla legal por Citgo, la sentencia de la Corte de Delaware no ha dejado indiferente a los expertos en la materia. José Ignacio Hernández, ex procurador general del gobierno interino de Juan Guaidó, aclara que la decisión judicial no implica la aceptación de nuevos acreedores, y enfatiza que el juicio sigue su curso normal.
«La sentencia resolvió una incidencia más bien menor», precisa Hernández, destacando que no se dio «luz verde» a ninguna acción nueva en este complejo caso legal.
Por otro lado, Francisco Rodríguez, economista y profesor universitario, presenta una visión diferente.
Rodríguez señala que la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a revisar la sentencia de la Corte de Delaware cierra cualquier posibilidad de revertir las órdenes de embargo sobre Citgo. A través de sus redes sociales, Rodríguez enfatizó que la Corte de Delaware encontró que el gobierno interino de Guaidó utilizó los recursos de PDVSA para propósitos propios, lo que llevó a la emisión de más de 19 mil millones de dólares en órdenes de embargo sobre la refinería.
Estas opiniones enfrentadas reflejan la complejidad y la importancia de la situación legal de Citgo, una disputa que no solo tiene implicancias económicas sino también políticas. La decisión de la Corte de Delaware y la posterior confirmación de la Corte Suprema de EE. UU. marcan un punto crítico en la batalla legal, con consecuencias significativas para el futuro de Citgo y las relaciones internacionales en torno a Venezuela.