El gobierno de Maduro rechaza la decisión que permite a acreedores participar en subasta de acciones de Citgo.
El gobierno de Nicolás Maduro ha expresado su enérgico rechazo a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que otorga a un grupo de acreedores derechos sobre la subasta de acciones de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con sede en Houston. En un comunicado emitido por la Cancillería, Venezuela califica esta acción como una agresión directa hacia el país, alegando que representa un intento de expoliación de los activos venezolanos.
La Cancillería venezolana ha condenado el fallo, afirmando que es un perjuicio grave para los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano, y apunta a un grupo autodenominado «Asamblea Nacional de 2015» como cómplice de la usurpación de las instituciones y representación de la República en el extranjero. Esta referencia se dirige a la oposición venezolana, que desde 2019 ha controlado Citgo bajo el reconocimiento del gobierno de Donald Trump.
El comunicado también denuncia que las acciones de EE.UU. y la oposición venezolana han impedido al Estado venezolano ejercer protección efectiva sobre Citgo en territorio estadounidense, violando los acuerdos de Barbados. En respuesta, Venezuela afirma que seguirá adoptando todas las medidas posibles para evitar la consumación del despojo de Citgo, un activo de gran importancia para el país.
El 8 de enero, un juez de EE. UU. decidió que un grupo de diez acreedores podrán participar en la subasta de acciones de Citgo. Esta decisión abre la puerta a empresas como Siemens Energy, Rusoro Mining, O-I Glass y Huntington Ingalls para competir con Crystallex y ConocoPhillips, que ya tenían derecho a participar en la subasta. El fallo aún requiere que las empresas cumplan con la fecha límite del 12 de enero para emitir órdenes de embargo.