El debate sobre la ley que fiscalizaría la actuación y financiamiento de las ONGs en Venezuela enciende el debate entre las organizaciones y el gobierno.
Venezuela se encuentra en el centro de un intenso debate tras la reanudación de las discusiones en la Asamblea Nacional sobre un proyecto de ley que propone regular la actuación y el financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en el país.
Este proyecto, que fue preaprobado en enero de 2023, ha generado críticas por parte de diversas ONGs, quienes lo ven como una amenaza a la libertad de asociación y expresión.
Fundaredes, una de las ONGs más destacadas en Venezuela, denunció a través de su cuenta en X que el proyecto de ley impone sanciones desproporcionadas y carece de criterios claros de evaluación, violando así derechos humanos fundamentales y contraviniendo tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela.
La organización Encuentro, Justicia y Perdón también se pronunció en contra de la medida, señalando que el proyecto legal deja a las ONGs en una situación de inseguridad jurídica indefinida. Un rechazo similar fue expresado por cerca de 500 grupos que se opusieron conjuntamente a la legislación propuesta.
El proyecto contempla multas de hasta 12.000 dólares para aquellas agrupaciones que no se registren en una entidad de control específica o que no declaren la identidad y procedencia de sus donaciones. Esta iniciativa ha sido criticada por no alinearse con los estándares internacionales y por ser desconocida para la mayoría de la ciudadanía venezolana.
El viernes se dio inicio a la consulta abierta con la sociedad civil sobre este proyecto. A ella asistieron representantes de movimientos sociales, funcionarios de diversas instituciones del Estado, así como estudiantes de Derecho.
El debate continuará durante el fin de semana, en un intento por el Legislativo de recoger diversas perspectivas sobre esta controvertida propuesta de ley.
(Con información de EFE)