Grupos sociales y sindicales enfrentan cargos económicos por protestas realizadas en 2023 bajo la administración de Javier Milei.
Organizaciones sociales y sindicales en Argentina han sido sorprendidas por la decisión del Gobierno del presidente Javier Milei de imponerles multas millonarias por su participación en manifestaciones llevadas a cabo en 2023. La ONG Libres del Sur, junto a otras agrupaciones, informó haber recibido la «intimación» de pago de sumas que alcanzan los 56 millones de pesos (alrededor de 66.000 dólares).
Esta medida ha sido calificada por los grupos afectados como un acto de «persecución e intimidación». La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTAA) se sumó a las críticas, enfatizando el carácter punitivo de estas sanciones.
🔴 La CTA denuncia persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora. pic.twitter.com/XQY0Nu6iiS
— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) January 11, 2024
Las multas están relacionadas con dos protestas específicas: una realizada el 22 de diciembre de 2023, donde se denunció la interrupción de la asistencia alimentaria estatal, y otra el 27 del mismo mes, en la que sindicatos y organizaciones objetaron una reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La reclamación del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, se basa en los costos operativos incurridos para mantener el orden público durante estas manifestaciones. La decisión ha generado una oleada de reacciones adversas entre los sectores sociales y sindicales, aumentando la tensión entre estas organizaciones y el Gobierno de Milei.
La situación actual plantea un escenario de creciente conflicto en el país, donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta se ven enfrentados a una respuesta gubernamental que es percibida como represiva y desproporcionada.