Las enmiendas eliminan el carácter «profesional, apolítico, apartidista» de la Policía y la subordinan directamente al Presidente Daniel Ortega.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, con unanimidad y en segunda legislatura, enmiendas significativas a la Constitución Política del país, que transforman el estatus de la Policía Nacional, anteriormente descrita como un cuerpo armado «profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante». La reforma, que entra en vigor inmediatamente, elimina estas características y subordina directamente la Policía al Presidente Daniel Ortega.
Los cambios en el artículo 97 de la Constitución Política, aprobados inicialmente el 5 de julio de 2023, alteran profundamente la naturaleza de la institución policial. La Policía, bajo el mando de Francisco Díaz, consuegro de Ortega, se regirá ahora por una nueva definición que la vincula directamente con el poder ejecutivo.
La enmienda constitucional establece que la Policía Nacional «depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia». Este cambio representa una desviación significativa de su anterior marco legal, que estipulaba su sometimiento a la autoridad civil a través del ministerio correspondiente.
Paralelamente, se introdujeron modificaciones en la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. Estas incluyen sanciones penales para oficiales que deserten o desobedezcan, lo que refuerza el control gubernamental sobre el cuerpo policial.
La Policía Nacional, fundada en septiembre de 1979 como Policía Sandinista, reemplazó a la Guardia Nacional después de la revolución que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. Esta reforma ocurre en un contexto de crisis política y social en Nicaragua, agravada tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, donde Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, en un proceso marcado por la encarcelación de sus principales opositores.