La Asamblea Nacional anuncia la liberación de miles de presos como parte de un plan gubernamental para aliviar el hacinamiento y optimizar el sistema judicial.
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, dominada por una amplia mayoría oficialista, informó este jueves sobre la excarcelación de aproximadamente 54.000 presos desde junio de 2021. Esta medida forma parte de una iniciativa denominada «revolución judicial», establecida por el Gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de reformar y optimizar el sistema judicial del país.
Julio García, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la AN, detalló en una nota de prensa que esta acción fue llevada a cabo por diputados y un “equipo multidisciplinario del sistema judicial”. Estos expertos revisaron “cada expediente” y entrevistaron “personalmente” a los detenidos, quienes estaban repartidos en un total de 543 centros de reclusión.
La creación de la «Comisión Especial para la Revolución Judicial» fue una respuesta directa a los problemas de hacinamiento en las cárceles venezolanas y buscaba agilizar los procesos judiciales en materia procesal. En noviembre del año pasado, se tomó la decisión de acelerar los procesos judiciales de los privados de libertad, cuyas causas suelen presentar retrasos significativos.
García aseguró que, pese a las excarcelaciones masivas, los índices de delincuencia no han aumentado y se han mantenido en mínimos, gracias al apoyo de los organismos de seguridad. Asimismo, afirmó que los centros penitenciarios están actualmente bajo control total, sin distribución de drogas ni armas.
Como parte de este esfuerzo, el año pasado las autoridades intervinieron siete prisiones a través de operativos militares y policiales. En estos operativos se desmantelaron ocho «mafias carcelarias», incluyendo la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde Tocorón, uno de los centros penitenciarios intervenidos por el Gobierno.
En estos procedimientos, los funcionarios incautaron 605 armas de fuego, 862 armas blancas y 399.587 municiones. Además, se recuperaron 4.015 espacios dentro de estos centros y se trasladó a más de 8.000 privados de libertad a otras prisiones.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han expresado preocupación por un posible aumento del hacinamiento debido a estos traslados. Esta situación plantea un desafío continuo en el manejo del sistema penitenciario y la administración de justicia en Venezuela, donde la «revolución judicial» sigue siendo un tema de debate y observación tanto nacional como internacional.