El Tribunal Supremo de Justicia mantiene la sanción impuesta a Capriles Radonski por irregularidades administrativas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó la sanción de inhabilitación política impuesta a Henrique Capriles Radonski, ex gobernador del estado Miranda, por un período de quince años. Esta decisión, anunciada el viernes 26 de enero, ratifica las medidas previamente dictadas por la Contraloría General de la República.
El caso de Capriles, marcado por la polémica, se encuentra en el foco de la justicia venezolana desde hace tiempo. La demanda de nulidad presentada por Capriles, junto con una acción de amparo cautelar, fue admitida por la Sala Político Administrativa del TSJ, pero finalmente se declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar y sin lugar las demandas de nulidad.
La decisión del TSJ se sustenta en la existencia de «irregularidades administrativas» cometidas por Capriles durante su mandato como Gobernador de Miranda. Entre las acusaciones se mencionan la negligencia en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 y la omisión en el procedimiento de selección de contratistas en varios contratos firmados durante su administración.
Esta resolución del TSJ se produce en un contexto político delicado y es percibida por algunos sectores como una acción con tintes políticos. Sin embargo, el tribunal ha argumentado que su decisión se basa en el cumplimiento de la ley y los procedimientos correspondientes.
La inhabilitación de Henrique Capriles Radonski representa un duro golpe para el líder político y su partido, Primero Justicia. A su vez, abre el debate sobre la justicia y la política en Venezuela, en un momento en que el país se prepara para futuros eventos electorales.