Perkins Rocha, abogado de Machado, aclara la ruta legal tomada por Gustavo Petro y señala diferencias clave para la situación en Venezuela.
Ante la inhabilitación política de María Corina Machado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Perkins Rocha, su abogado, ha respondido a las sugerencias de José Antonio Gil Yepes sobre posibles vías de apelación, clarificando la estrategia legal adoptada por Gustavo Petro en Colombia y señalando diferencias importantes para el caso de Machado.
«Sr Gil Yepes, Petro ‘no fue’ a la CPI a reclamar su inhabilitación de 15 años. Acudió al Sistema Interamericano de DDHH (CIDH) que le dio la razón, afirmando que las inhabilitaciones administrativas son inconstitucionales y el gobierno democrático de Iván Duque acató», explicó Rocha.
Esta aclaración es crucial, ya que Petro recurrió a la CIDH, que dictaminó a su favor, considerando que su destitución e inhabilitación violaban sus derechos políticos.
Sr @joseagilyepes Petro “no fue” a la CPI a reclamar su inhabilitación d 15 años. Acudió al Sist Interamericano d DDHH(CIDH) q le dió la razón afirmando q las inhabilitaciones admts son inconstitucionales y el gobierno democrático d Duque acató. Chávez retiró a Vzla d la CIDH…
— Perkins Rocha (@PerkinsRocha) January 28, 2024
La experiencia de Petro en Colombia contrasta con la situación en Venezuela, donde, según Rocha, «Chávez (por su parte) retiró a Venezuela de la CIDH». Esta diferencia marca un desafío adicional en el caso de Machado, ya que Venezuela no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, limitando así las opciones legales disponibles para apelar la decisión del TSJ.
El caso de María Corina Machado, bajo la representación de Perkins Rocha, se enfrenta a un escenario legal más complejo, que requiere una estrategia diferente a la utilizada por Petro.
Este caso pone de relieve la importancia de las instituciones internacionales de derechos humanos y las limitaciones que enfrentan los ciudadanos en países que no están sujetos a su jurisdicción.
La resolución de la situación de Machado será un punto de referencia importante para el futuro de los derechos políticos en Venezuela y podría sentar precedentes en la lucha por la democracia y el respeto a los derechos civiles en la región.
En todo caso, como ha dicho la propia Machado en repetidas ocasiones, la resolución de su caso es, realmente, de carácter político.