Activistas nicaragüenses comparan la inhabilitación de María Corina Machado con las tácticas de Daniel Ortega para suprimir la oposición.
La inhabilitación política de María Corina Machado en Venezuela ha resonado fuertemente entre los opositores nicaragüenses en el exilio, quienes ven paralelismos claros entre las tácticas del régimen de Nicolás Maduro y las del aliado de Venezuela, Daniel Ortega, en Nicaragua.
“Esta película ya la vimos en Nicaragua”, declaró la activista nicaragüense Haydee Castillo, refiriéndose a la repetición de estrategias para silenciar a la oposición.
Castillo recordó cómo Ortega, en el poder desde 2007, aseguró su quinto mandato en 2021 tras arrestar a principales candidatos presidenciales de la oposición, incluyendo a Cristina Chamorro, quien según las encuestas, tenía grandes posibilidades de ganar. La situación de Machado en Venezuela es percibida como un espejo de estos eventos.
Juan Sebastián Chamorro, uno de los opositores encarcelados y luego expulsados a EE.UU., comentó que la inhabilitación de Machado es una ejecución del plan de Maduro con influencias de Nicaragua y Cuba, caracterizado por inhabilitaciones, encarcelamientos y fraude electoral.
Arturo McFields, ex embajador nicaragüense ante la OEA y crítico del régimen de Ortega, también señaló que Maduro busca replicar el modelo nicaragüense de elecciones sin oposición. Asimismo, Carmela Rogers, presidenta del partido CxL de Nicaragua, enfatizó que la inhabilitación de Machado demuestra el miedo del régimen socialista a la vía electoral, un atropello que, según ella, debe ser denunciado internacionalmente.
En su reflexión, Castillo destacó que ninguna dictadura, sea de izquierda o derecha, cede el poder jugando limpio bajo reglas democráticas, sugiriendo que tanto en Nicaragua como en Venezuela se mantendrán las dictaduras si no se debilitan sus soportes.
El régimen de Venezuela, por su parte, afirmó que la decisión sobre Machado es «cosa juzgada» y no sujeta a debate. Este caso ha generado un amplio rechazo internacional, con condenas provenientes de la OEA, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, el Reino Unido y Ecuador.