Adán Celis, presidente de Fedecámaras, pide reformas y alivio en las sanciones para impulsar el crecimiento del sector privado.
El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, ha expresado su determinación en abogar por la flexibilización de las sanciones internacionales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
Celis subrayó la necesidad de continuar con la flexibilización de estas medidas, las cuales, según afirma, han contribuido al empobrecimiento de Venezuela.
Celis argumentó que una combinación de la flexibilización de sanciones y las reformas en el marco jurídico venezolano podría propiciar un crecimiento del 10,6% en el sector privado para este año en comparación con el 2023.
«Si logramos mezclar esas dos cosas, esas expectativas podrán cumplirse. De lo contrario, seguiremos teniendo números negativos», expresó el líder empresarial.
Sin embargo, la situación se complica con la reciente decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de revertir la licencia concedida a la Corporación Venezolana de Guayana Minerven, una respuesta a la ratificación de la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado.
Una encuesta realizada por Fedecámaras reveló que el 81% del sector privado considera que las sanciones han impactado negativamente en su desempeño, afectando principalmente a sectores como la construcción, agricultura, servicios inmobiliarios, comercio y turismo.
Además, Celis señaló la caída de la actividad empresarial privada en Venezuela, con una reducción del 4,8% en el tercer trimestre del año pasado en comparación con el mismo período de 2022. Este declive se suma a las caídas del 8,8% y 7,3% en los dos trimestres anteriores, respectivamente.
El presidente de Fedecámaras también destacó la necesidad de recuperar la financiación de la banca nacional y tener acceso a financiación externa a través de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, mencionó que problemas como las fallas en el abastecimiento de combustible, cortes eléctricos, inseguridad jurídica, la situación política, el contrabando y el crimen están limitando la operatividad de las empresas en el país.