La CIDH condena inhabilitaciones de opositores en Venezuela

MCM CAPRILES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia las acciones contra líderes opositores como actos de regímenes autoritarios y exige medidas para restablecer la democracia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena contundente este miércoles contra las inhabilitaciones administrativas impuestas a destacados líderes opositores en Venezuela.

En un comunicado, la CIDH calificó estas acciones como «propias de regímenes autoritarios», aumentando la preocupación internacional sobre la situación política en el país.

Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que confirmaron la inhabilitación por 15 años de la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, y del exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, han sido el foco de esta crítica.

Según la CIDH, estas medidas «contribuyen a un ambiente de persecución que desalienta la participación ciudadana en asuntos de interés público».

La Comisión ha identificado un patrón preocupante que incluye «detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por altas autoridades del Estado y actos intimidatorios».

La CIDH ha advertido que al excluir a líderes reconocidos de la oposición de la contienda electoral, se corrobora la falta de garantías de independencia e imparcialidad del sistema de justicia venezolano, lo que juega un rol significativo en la represión de los opositores al gobierno. Este escenario plantea serias dudas sobre la posibilidad de realizar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas en 2024.

En su comunicado, la Comisión reiteró que según las obligaciones internacionales, ningún órgano administrativo debería tener la capacidad de restringir los derechos políticos a través de sanciones de inhabilidad o destitución.

Estas sanciones, conforme a estándares interamericanos, solo pueden ser impuestas por un juez en el marco de un proceso penal.

La CIDH enfatizó la importancia de garantizar la participación política en condiciones de igualdad en un Estado democrático, señalando que en el caso de Venezuela es crucial levantar las inhabilitaciones administrativas y cesar cualquier acto que desaliente la participación ciudadana.

El llamado a adoptar medidas urgentes para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos resuena como un eco de esperanza para la reconstrucción de la democracia y la confianza en las instituciones públicas en Venezuela.

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