La agencia anti-drogas de Estados Unidos estuvo de misión en territorio venezolano para espiar a funcionarios acusados de narcos.
Por Joshua Goodman y Jim Mustian (AP)
Un memorando secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de varios años llevada a cabo por la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) que envió agentes encubiertos a Venezuela para grabar subrepticiamente y construir casos de tráfico de drogas contra el liderazgo del país – un plan que EE.UU. reconoció desde el principio que era posiblemente una violación del derecho internacional.
«Es necesario llevar a cabo esta operación de manera unilateral y sin notificar a los funcionarios venezolanos», se lee en el memorando de 15 páginas de 2018 que expande la «Operación Money Badger», una investigación que, según las autoridades, tuvo como objetivo a docenas de personas, incluido el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Aunque no hay un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, la revelación amenaza con agitar las ya tensas relaciones con el gobierno socialista de Maduro y podría profundizar el resentimiento hacia EE.UU. en toda América Latina por la percepción de injerencia. También ofrece una rara ventana a las longitudes a las que la DEA estaba dispuesta a ir para combatir la guerra contra las drogas en un país que prohibió a los agentes antidrogas de EE.UU. hace casi dos décadas. Algunos de los aliados más cercanos de Maduro quedaron atrapados en la investigación, incluyendo a Alex Saab, el empresario recientemente liberado en un intercambio de prisioneros por 10 estadounidenses y un contratista de defensa fugitivo. Pero hasta ahora, no estaba claro que las investigaciones de EE. UU. dirigidas a Venezuela involucraran tácticas legalmente cuestionables. «No nos gusta decirlo públicamente, pero de hecho, somos la policía del mundo», dijo Wes Tabor, un exfuncionario de la DEA que sirvió como agregado del país de la agencia en Venezuela mucho antes de que se lanzara la investigación descrita en el memorando.
Tabor, quien no confirmó la existencia de tales operaciones, dijo que las acciones encubiertas unilaterales pueden ser una herramienta efectiva cuando se llevan a cabo con límites y rendición de cuentas adecuados, particularmente en un país como Venezuela, donde las líneas borrosas entre el estado y el inframundo criminal lo han hecho un punto de tránsito ideal para hasta el 15% de la cocaína del mundo.
«No estamos en el negocio de cumplir con las leyes de otros países cuando estos países son regímenes rebeldes y están en juego las vidas de los niños estadounidenses», dijo. «Y en el caso de Venezuela, donde nos están inundando con droga, vale la pena el riesgo».
La DEA y el Departamento de Justicia declinaron responder preguntas de AP sobre el memorando, con qué frecuencia EE.UU. lleva a cabo actividades unilaterales y la composición del panel que aprueba tales operaciones. El ministerio de comunicaciones de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero en los últimos días, Maduro acusó a la DEA y la CIA —un objetivo regular que usa para movilizar a sus partidarios— de emprender esfuerzos para desestabilizar el país. La CIA declinó comentar.
«No creo que el presidente Biden esté involucrado», dijo Maduro en una aparición televisada este mes. «Pero la CIA y la DEA operan independientemente como organizaciones criminales imperialistas.»
OBJETIVO MADURO
El documento nunca antes visto fue redactado en el umbral de la campaña de «máxima presión» del presidente republicano Donald Trump para remover al presidente venezolano.
Maduro acababa de tomar un giro autoritario, prevaleciendo en lo que la administración de Trump denunció como una reelección fraudulenta en 2018. En cuestión de semanas, altos funcionarios de la DEA planearon desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un estado narco. Pero debido a que el plan parecía atropellar la ley venezolana e internacional, requería la aprobación de lo que se conoce como el Comité de Revisión de Actividades Sensibles, o SARC, un panel secreto de altos funcionarios del Departamento de Estado y Justicia que se reserva para los casos más sensibles de la DEA que involucran consideraciones éticas, legales o de política exterior complicadas.
Marcó una expansión agresiva de «Money Badger», que la DEA y fiscales en Miami crearon en 2013 y que investigaría a alrededor de 100 personas del círculo íntimo venezolano, según dos personas familiarizadas con la operación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles de la aplicación de la ley. Al autorizar transferencias electrónicas ilícitas a través de empresas y cuentas bancarias con sede en EE. UU., la DEA pretendía desenmascarar a los traficantes de drogas colombianos y a los funcionarios corruptos que aprovechaban el sistema de cambio de divisas extranjeras estrictamente controlado de Venezuela para lavar ganancias ilícitas. Pero se expandió con el tiempo, centrándose en la familia de Maduro y sus principales aliados, aunque el presidente terminaría siendo acusado en otro lugar, por la Oficina del Fiscal de los EE.UU. en Manhattan, de cargos de tráfico de drogas.
Ninguna de las acusaciones de venezolanos antes o después del memorando de 2018 mencionó el espionaje de EE. UU. Y «para limitar o mitigar la exposición de las actividades unilaterales», el documento aconsejó a los funcionarios de la DEA proteger a sus informantes y reducir las reuniones en persona con los objetivos.
No está claro si «Money Badger» todavía está en curso.
Desde que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo en 2021, su administración ha reducido las sanciones y ha presentado pocas nuevas acusaciones contra los colaboradores de Maduro a medida que la atención del Departamento de Justicia se ha vuelto hacia Rusia, China y el Medio Oriente. La administración de Biden también ha buscado atraer a Maduro de vuelta a las negociaciones con la oposición respaldada por EE. UU., amenazando con reimponer sanciones petroleras paralizantes si la nación de la OPEP no cumple con un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas este año.
La operación dirigida al círculo íntimo de Maduro no es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo operaciones de aplicación de la ley en el extranjero sin notificar a un país anfitrión. En 1998, México reprendió a Estados Unidos por mantenerlo en la oscuridad sobre una operación encubierta de lavado de dinero de tres años conocida como «Operación Casablanca» —parcialmente llevada a cabo en suelo mexicano— que implicó a unas 160 personas, incluidos varios ejecutivos bancarios.
Notablemente, los expertos legales dicen que ningún tribunal o tribunal internacional tiene jurisdicción para responsabilizar a Estados Unidos o a sus agentes por acciones encubiertas de aplicación de la ley en otros países, y la Corte Suprema de EE. UU. ha respaldado arrestos y evidencia recopilada en tales misiones.
Evan Criddle, profesor de derecho en William & Mary en Virginia, dijo que el derecho internacional prohíbe operaciones encubiertas como las descritas en el memorando que tienen lugar en el territorio de otro país sin consentimiento. Espera que la publicación del memorando «cause cierta vergüenza a Estados Unidos, lleve a los diplomáticos venezolanos a registrar sus objeciones y potencialmente inhiba la cooperación futura». Varios funcionarios actuales y anteriores de la DEA que examinaron el memorando le dijeron a AP que estaban sorprendidos menos por la audacia del plan que por el reconocimiento de la agencia de ello en documentos internos.
«Rara vez se hace simplemente porque siempre existe ese potencial de que explote en la cara del gobierno de EE. UU.», dijo Mike Vigil, el exjefe de operaciones internacionales de la DEA. «Pero Venezuela ya se había convertido en un estado rebelde. Creo que calcularon que no tenían nada que perder».
PUBLICADO POR ACCIDENTE
El memorando de la Operación Money Badger nunca tuvo la intención de hacerse público.
Fue subido inadvertidamente entre docenas de exhibiciones gubernamentales a un sitio web de intercambio de archivos por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Manhattan durante el juicio por conspiración de soborno a finales del año pasado de dos exsupervisores de la DEA que ayudaron a liderar la ofensiva de la agencia contra el gobierno de Maduro. Sería eliminado horas después de que un reportero de AP comenzara a preguntar al respecto.
Unos días más tarde, sobre las objeciones de AP, el juez federal que presidía el juicio por soborno tomó el paso altamente inusual de sellar la sala del tribunal mientras se discutía el documento, diciendo que hacerlo en una corte abierta tendría «serias repercusiones diplomáticas». Ni él ni los fiscales explicaron cuáles podrían ser esas. Los exsupervisores de la DEA Manny Recio y John Costanzo Jr. eventualmente fueron condenados por filtrar información confidencial de aplicación de la ley a abogados defensores de Miami como parte de una conspiración de soborno. Uno de los casos que discutieron fue el de Saab, un empresario nacido en Colombia que él mismo sería el objetivo de «Money Badger» por el supuesto desvío de $350 millones de contratos estatales.
Recio, quien más tarde trabajó como investigador privado reclutando nuevos clientes para los abogados defensores, envió por correo electrónico los planes venezolanos a su cuenta de correo electrónico personal días antes de su jubilación en 2018. Aprobó los planes como asistente especial del agente a cargo, mientras que Costanzo, un experto en Venezuela, supervisó la operación encubierta. Se espera que ambos hombres cumplan tiempo en prisión federal, uniéndose a una creciente lista de agentes de la DEA tras las rejas.
«La información como esta nunca debería salir de los servidores del gobierno», testificó Michael Nadler, un exfiscal federal en Miami que también ayudó a coordinar la operación encubierta en el extranjero, a puerta cerrada, según una transcripción redactada. «Contiene información que proporciona información identificativa sobre personas que han acordado cooperar con Estados Unidos en situaciones bastante peligrosas».
AP no está publicando el memorando real ni identificando a los informantes para evitar ponerlos en peligro.
‘UN RIESGO ESPECIAL’
El memorando evoca una era anterior de crecientes hostilidades entre EE.UU. y Venezuela cuando ambiciosos investigadores federales en varios distritos —Nueva York, Miami, Houston y Washington— competían para ver quién podía penetrar más profundamente en el inframundo criminal de Venezuela.
Como parte de esa carrera no declarada, la División de Campo de Miami de la DEA, Grupo 10, reclutó a un informante soñado: un lavador de dinero profesional acusado de desfalcar $800 millones del sistema de moneda extranjera de Venezuela a través de un esquema de importación fraudulento.
La actividad ilícita del informante en Venezuela lo posicionó para ayudar a la DEA a recopilar evidencia contra el objetivo principal de la operación unilateral: José Vielma, un temprano acólito del difunto Hugo Chávez que en dos décadas de servicio a la revolución bolivariana pasó por una serie de trabajos importantes, incluyendo ministro de comercio y jefe de la oficina de impuestos de Venezuela.
El supuesto socio en el crimen de Vielma, según el documento de la DEA, era otro exoficial militar: Luis Motta, entonces ministro de electricidad. El memorando de la DEA autorizó a tres informantes a grabar secretamente reuniones encubiertas con los objetivos.
«Hay un riesgo especial de que los (fuentes confidenciales) estén en peligro si su cooperación con la DEA se expone a funcionarios del país anfitrión», indica el memorando. «Las posibles sanciones incluyen el encarcelamiento».
Si los riesgos valieron la pena sigue siendo una pregunta abierta.
Vielma y Motta fueron acusados de cargos de lavado de dinero relacionados con sobornos, no de tráfico de drogas. Ambos permanecen en Venezuela y leales a Maduro, con Vielma sirviendo como un legislador senior y la esposa de Motta la gobernadora de un estado importante. Pero como docenas de colaboradores de Maduro buscados en EE. UU., es poco probable que sean llevados ante la justicia, a pesar de una recompensa de $5 millones por la captura de Motta, a menos que viajen fuera de Venezuela.
Zach Margulis-Ohnuma, abogado del retirado general Hugo Carvajal, un exjefe de espionaje venezolano que espera juicio en EE. UU. por cargos de narco-terrorismo en una investigación separada, dijo «la reputación de la DEA por la ilegalidad está bien ganada».
«Un programa que institucionaliza la violación de la ley al autorizar a agentes e informantes de la DEA a violar leyes extranjeras», dijo, «hace poco para detener las drogas de entrar a EE. UU. mientras socava la integridad de la DEA y la reputación de América en el extranjero».
(Traducido del inglés al español por El Nuevo País)
Información de AP