La Corte Interamericana evalúa las denuncias de Henrique Capriles sobre las elecciones de 2013, marcando un episodio crucial en la lucha por la democracia venezolana.
En un ambiente cargado de expectativa y con la mirada de la comunidad internacional puesta sobre ella, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública que podría marcar un precedente en la historia reciente de Venezuela. La demanda interpuesta por Henrique Capriles Radonski, figura emblemática de la oposición venezolana, contra el Estado por presuntas violaciones a sus derechos políticos, judiciales y de libertad de expresión durante las controvertidas elecciones presidenciales de 2013, fue el centro de este crucial encuentro.
La sesión, presidida por la jueza Nancy Hernández López, se extendió por dos horas en las que se desgranaron los argumentos de la defensa de Capriles y los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A ellos se les ha dado plazo hasta el 8 de marzo para presentar los alegatos finales por escrito, un paso que podría acercar este caso a su resolución.
La ausencia de representantes del Estado venezolano en la audiencia no pasó desapercibida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que las elecciones presidenciales de 2013 distaron mucho de cumplir con los estándares internacionales. La CIDH ha sido crítica con el «uso inadecuado» de recursos públicos y la manipulación mediática a favor del oficialismo, apuntando directamente al Estado venezolano como responsable de la violación de los derechos políticos de Capriles.
“La Comisión lamenta la no comparecencia del Estado de Venezuela en esta audiencia, y subraya que la participación activa permite que este tribunal realice un mejor escrutinio”, detalló uno de los representantes de la CIDH. Asimismo, indicó que han documentado y constatado el “serio deterioro” de la situación política y electoral del país, entre los que destaca la falta de “independencia” del CNE.
Además, el manejo desproporcionado de los medios de comunicación, la represión contra grupos opositores, y la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral son solo algunas de las irregularidades destacadas por la CIDH. Estas acciones, según el organismo, no solo minaron la legitimidad de los comicios sino que también impidieron el acceso justo de Capriles y otros candidatos a los procesos electorales.