Informe de Fiscal Especial destaca limitaciones de memoria de Biden
La memoria del presidente Biden fue un factor clave en la evaluación del fiscal especial Robert Hur sobre el caso de uso inapropiado de documentos clasificados.
El fiscal especial Robert Hur, en su informe sobre la investigación del uso inapropiado de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden, destacó que la memoria del mandatario fue «significativamente limitada» durante las entrevistas realizadas en 2023. Hur señaló que esta limitación de memoria podría afectar cómo un jurado percibiría a Biden, describiéndolo como un «anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria».
El informe subraya la preocupación de que sería desafiante convencer a un jurado de condenar a Biden, que para entonces sería un expresidente de más de 80 años, por un delito grave que implica actuar con intención específica. Además, Hur mencionó que la memoria de Biden había «empeorado» desde conversaciones grabadas en 2017, citando ejemplos específicos de olvidos sobre fechas clave de su vicepresidencia y eventos personales significativos.
La respuesta de la Casa Blanca al informe, por medio de una carta de Richard Sauber, fiscal especial del presidente, y Bob Bauer, abogado personal de Biden, cuestionó la caracterización de la memoria del presidente en el informe. Argumentaron que la descripción utilizada era «muy perjudicial» y no reflejaba adecuadamente la naturaleza común de la falta de recuerdos sobre acontecimientos pasados.
Los abogados de Biden también hicieron una comparación velada con Donald Trump, quien enfrenta su propia investigación por mal uso y almacenamiento de documentos clasificados, sugiriendo un tratamiento contrastante en la manera en que se abordaron ambos casos por parte del fiscal especial.
El debate sobre la memoria de Biden y su impacto en la investigación de documentos clasificados plantea preguntas sobre la objetividad y equidad en el tratamiento de casos similares. La discusión también toca aspectos más amplios de cómo la edad y la capacidad cognitiva pueden influir en la percepción pública y legal de la responsabilidad y la intencionalidad en actos políticos y legales.