La sombra de la desaparición forzada en Venezuela: Una violación persistente de los Derechos Humanos

SJ2001. SAN JOSÉ (COSTA RICA) 14/02/2017.- La exfuncionaria venezolana Rocío San Miguel Sosa asiste a una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hoy, martes 14 de febrero de 2017. en San José (Costa Rica). Venezuela acudió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acusada de despedir, en 2004, a funcionarios públicos que firmaron una petición de referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez, lo que el Estado atribuye a situaciones contractuales avaladas por ley. EFE/Jeffrey Arguedas

La sombra de la desaparición forzada en Venezuela: Una violación persistente de los Derechos Humanos

La comunidad internacional alza la voz contra el uso sistemático de desapariciones forzadas por el régimen de Nicolás Maduro.


La desaparición forzada, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una grave violación de los derechos humanos, ha emergido como una herramienta de represión en manos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Este acto, que implica la privación de la libertad de las personas por agentes del estado o con su aquiescencia, seguida de una negativa a reconocer dicha detención o de ocultar el paradero de la persona, tiene como objetivo colocar a la víctima fuera del amparo de la ley.

En el contexto venezolano, la desaparición forzada ha sido utilizada sistemáticamente contra opositores políticos, activistas de derechos humanos y sus familiares, en un intento por silenciar la disidencia y sembrar el terror entre la población. Este método de represión, que viola múltiples derechos fundamentales y representa un ataque directo contra la dignidad humana, ha llevado a numerosas familias a vivir en un estado de angustia e incertidumbre permanente sobre el destino de sus seres queridos.

La situación de Rocío San Miguel, prominente defensora de derechos humanos, y su familia, es un claro ejemplo de cómo el régimen de Maduro ha recurrido a la desaparición forzada para intimidar y castigar a sus críticos. La detención arbitraria de San Miguel y la posterior desaparición forzada de cinco de sus familiares no solo constituye una violación de sus derechos individuales, sino que también demuestra la voluntad del gobierno venezolano de emplear el terror como estrategia de control social.

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado numerosos casos de desapariciones forzadas, señalando la responsabilidad de las autoridades venezolanas en la perpetración de estos crímenes. Estos actos no solo constituyen graves violaciones de los derechos humanos bajo el derecho internacional, sino que también pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad, sujetos a persecución y sanción por la comunidad internacional.

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