Fiscalía finalmente presenta a Rocío San Miguel y familiares: Los acusa de conspiración

SJ2001. SAN JOSÉ (COSTA RICA) 14/02/2017.- La exfuncionaria venezolana Rocío San Miguel Sosa asiste a una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hoy, martes 14 de febrero de 2017. en San José (Costa Rica). Venezuela acudió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acusada de despedir, en 2004, a funcionarios públicos que firmaron una petición de referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez, lo que el Estado atribuye a situaciones contractuales avaladas por ley. EFE/Jeffrey Arguedas

Fiscalía finalmente presenta a Rocío San Miguel y familiares: Los acusa de conspiración

Presentación ante el tribunal de la activista y sus allegados por presunta implicación en plan contra Maduro y Bernal.


El Ministerio Público (MP) ha anunciado este lunes la presentación ante el tribunal de la reconocida activista de derechos humanos Rocío San Miguel y cinco de sus familiares, tras más de 100 horas de su reportada desaparición. El fiscal general, Tarek William Saab, a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), ha informado que los implicados están presuntamente involucrados en un intento de magnicidio dirigido contra el presidente Nicolás Maduro y el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, dentro de la denominada «Trama Conspirativa Brazalete Blanco».

Las órdenes de aprehensión emitidas contra San Miguel y los miembros de su familia se realizaron «dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales», según Saab. El fiscal general ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Terrorismo medidas preventivas de libertad contra San Miguel por la presunta comisión de delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros no especificados.

En el caso de Alejandro González, expareja de San Miguel, el MP ha pedido también medida preventiva de libertad por supuesta revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir. Para los otros cuatro ciudadanos, el MP solicitará medidas cautelares que incluyen presentaciones periódicas ante el tribunal.

Este desarrollo legal ocurre mientras la defensa de San Miguel ha interpuesto un recurso de hábeas corpus para exigir información sobre su paradero y el de sus familiares, denunciando su «desaparición forzada». Theresly Malave, miembro del equipo legal de San Miguel, ha afirmado que la activista desconocía su supuesta implicación en la operación «Brazalete Blanco» y que el Estado le negó la «oportunidad» de defenderse.

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