ONU demanda liberación inmediata de Rocío San Miguel ante posible desaparición forzada
La entidad internacional expresa preocupación por la situación de la defensora de derechos humanos y sus familiares detenidos.
La detención de Rocío San Miguel, prominente activista de derechos humanos en Venezuela, ha captado la atención de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha emitido una declaración urgente sobre su situación. Tras la acusación presentada contra San Miguel y cinco miembros de su familia, la ONU ha expresado su profunda preocupación, especialmente por la falta de información sobre el paradero de la defensora, sugiriendo que podría tratarse de una desaparición forzada.
La Oficina del Alto Comisionado declaró: “Venezuela: Estamos siguiendo con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que potencialmente califica su detención como una desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y al respeto de su derecho a la defensa legal”. Este pronunciamiento subraya la importancia de garantizar la liberación inmediata de San Miguel y el respeto por su derecho a una defensa legal adecuada, conforme a los principios internacionales de derechos humanos.
La detención de San Miguel y sus familiares, bajo acusaciones de estar involucrados en una conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, ha despertado alarmas sobre el uso de la justicia como herramienta de represión política en Venezuela. La falta de claridad y la posibilidad de que estas detenciones sean arbitrarias resaltan desafíos críticos respecto al estado de los derechos humanos en el país.
La intervención de la ONU en este caso refleja la creciente preocupación internacional por la situación en Venezuela, particularmente en lo que respecta a la represión de voces opositoras y la erosión de libertades civiles. El caso de San Miguel se añade a una lista de incidentes que han capturado la atención de entidades globales y gobiernos extranjeros, preocupados por el deterioro del respeto a los derechos fundamentales en Venezuela.