Michelle Bachelet y excancilleres llaman a la comunidad regional a prevenir el deterioro democrático en Venezuela.
En una declaración conjunta, Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, junto a 18 excancilleres y otras 65 influyentes personalidades latinoamericanas, hacen un llamado a «los mayores esfuerzos de los Gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide en Venezuela».
La declaración, emitida por la Mesa de Reflexión Latinoamericana, critica abiertamente la suspensión de actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela y la expulsión de su personal, calificándola como «un grave error político, con irradiaciones a toda la región».
«Este acto, unido a la detención de Rocío San Miguel, destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos en Venezuela, configuran un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana», destacan en el comunicado, mostrando una profunda preocupación por las acciones recientes del gobierno venezolano.
El manifiesto, firmado también por figuras como el expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez y los exministros de Relaciones Exteriores de diversos países latinoamericanos, subraya la importancia de lo que sucede en Venezuela para el resto de América Latina: «No es ajeno lo que ocurra en Venezuela, menos si ello enfrenta a Naciones Unidas y la plena vigencia de los derechos humanos».
Los firmantes recuerdan que «Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición», refiriéndose al acuerdo que en teoría permitiría unas elecciones libres en 2024. «La democracia venezolana sólo recuperará el camino hacia una condición de respeto en el mundo si sus ciudadanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de libertades políticas donde la pluralidad sea efectiva», enfatizan.
Además, el comunicado resalta las severas condiciones bajo las cuales vive la población venezolana, con «una alimentación precaria y la pobreza se ha incrementado», y cómo la migración de millones afecta a varios países del hemisferio.
La expulsión de los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos es vista como «una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder», criticando duramente la decisión del gobierno de Maduro.
Este llamado a la acción busca movilizar a los países sudamericanos y a la comunidad internacional, enfatizando que «esta realidad no puede ser ajena a los países sudamericanos que constituyen el Consenso de Brasilia», y recordando la importancia de la coherencia y eficiencia gubernamental para el cumplimiento de objetivos regionales.
«Los recientes anuncios del Gobierno de Venezuela van en sentido contrario y esto reclama los mayores esfuerzos de los gobiernos, de las fuerzas políticas y la comunidad regional», concluye el manifiesto, marcando un momento crítico para la solidaridad y la acción en América Latina frente a la crisis venezolana.