La defensora de derechos humanos sigue detenida en Venezuela sin poder designar a sus abogados, en medio de acusaciones de «traición a la patria».
Rocío San Miguel, destacada defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, cumple dos semanas de detención en Venezuela sin haber podido designar oficialmente a sus abogados de confianza, en un caso que ha generado alarma y rechazo a nivel nacional e internacional.
La organización no gubernamental Provea denunció que, a pesar de las promesas de las autoridades de que San Miguel sería trasladada para conversar con su defensa privada, estos encuentros no se han materializado, dejándola en una situación de indefensión.
La falta de acceso al expediente y a un proceso justo agrava la preocupación por su bienestar y el respeto a sus derechos fundamentales.
Miranda Díaz, hija de San Miguel, logró visitarla el pasado domingo 18 de febrero en los calabozos de El Helicoide, donde la activista permanece recluida.
La acusación del régimen venezolano contra San Miguel incluye cargos de «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación», luego de su arresto en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, alegó que San Miguel había entregado información sobre sistemas de defensa militar a representantes de la Unión Europea y de otros tres países, sin ofrecer detalles concretos.
La detención arbitraria de Rocío San Miguel ha movilizado a más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil venezolana, que han expresado su solidaridad y condena por la violación de sus derechos humanos.