Entre acusaciones y cooperación: La controversial postura de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.
En un discurso en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el canciller de Venezuela, Yván Gil, lanzó una denuncia contra la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Gil acusó a la institución de desviar su mandato de imparcialidad para convertirse en un «bufete particular» al servicio de grupos que buscan desestabilizar al gobierno venezolano.
«Este bochornoso comportamiento nos obligó a suspender las actividades de la oficina en Venezuela», expresó Gil, en un intento por recalcar las tensiones entre Caracas y el organismo internacional. No obstante, el canciller venezolano no cerró la puerta a la cooperación, al señalar su interés en mantener un vínculo técnico de alto nivel con la oficina, siempre que se excluya «la injerencia y participaciones políticas».
El canciller también arremetió contra el sistema universal de derechos humanos, alegando que este se ha convertido en un instrumento de «oscuros intereses» y no de protección a los pueblos. Específicamente, Gil criticó las sanciones unilaterales impuestas por países, describiéndolas como herramientas para socavar la economía venezolana y propiciar un cambio de régimen. «Venezuela ha sido objeto de casi 1.000 medidas coercitivas… generando la pérdida de más de 232 mil millones de dólares americanos en la última década», afirmó, catalogando estas acciones como «crímenes de lesa humanidad».
La denuncia de Gil no se limitó a las acciones externas, sino que también apuntó a la falta de acción de la Corte Penal Internacional ante las medidas coercitivas, a pesar de haber sido denunciadas hace cuatro años.
En un llamado a los miembros del Consejo, Gil exhortó a retomar el mandato original del organismo, basado en el respeto a los derechos humanos, evitando la politización y la injerencia en los asuntos internos de los Estados.