Investigaciones revelan el papel de Ábalos como «intermediario» en negociaciones sospechosas durante la pandemia, implicando también a figuras del PP.
En un giro que añade tensión a la política española, el exministro socialista José Luis Ábalos se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción vinculado a la adquisición de mascarillas durante el inicio de la pandemia. Investigaciones de la Audiencia Nacional señalan a Ábalos como un «intermediario» en las «gestiones» que buscaban resolver una disputa entre el Gobierno regional de Baleares y una empresa involucrada en la trama.
El juez Ismael Moreno, encargado del caso, enfatiza la relevancia de una reunión celebrada el 10 de enero entre Ábalos y su exasesor Koldo García, calificándola de crucial para la investigación. García, considerado hombre de confianza de Ábalos, habría influido para alcanzar un acuerdo sobre la reclamación de 2,6 millones de euros por sobrecostes en la compra de 1,5 millones de mascarillas.
Interceptaciones telefónicas sugieren que García planificó discutir este asunto con Ábalos, lo que ha llevado a la Fiscalía a implicar a Juan Carlos Cueto, empresario a cargo de Soluciones de Gestión, como uno de los principales beneficiarios de contratos sospechosos. Estos contratos están bajo investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales.
La implicación de Ábalos en este escándalo ha tenido consecuencias directas en su carrera política, forzándole a renunciar a su escaño en el Congreso y siendo suspendido de militancia por el PSOE. La situación se complica aún más con la mención de figuras del Partido Popular (PP) en las investigaciones, específicamente de Miguel Tellado y, de forma indirecta, del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, aunque ambos han negado cualquier contacto con miembros de la trama. Esta controversia no solo arroja luz sobre las operaciones cuestionables en la gestión de recursos durante la pandemia, sino que también revela la intersección de intereses y la influencia política en procesos que deberían primar por su transparencia y legalidad. Mientras la investigación avanza, el caso promete seguir generando ondas de choque en el espectro político español, cuestionando la integridad de figuras claves y potencialmente alterando dinámicas partidistas.