La ONU denuncia la intensificación de la persecución política en Nicaragua, apuntando a una estrategia para erradicar cualquier forma de oposición.
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha intensificado su represión contra cualquier vestigio de oposición o crítica, según un reciente informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU. La persecución, ahora más sutil pero igualmente devastadora, tiene como fin último aniquilar la disidencia y prevenir cualquier intento futuro de movilización ciudadana.
«La persecución de personas opositoras o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización o iniciativa de movilización social», destaca el informe que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Jan Simon, presidente del grupo, señaló directamente al presidente Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y a funcionarios de alto nivel, exigiendo que «deben rendir cuentas ante la comunidad internacional» por perseguir a su propio pueblo, con estudiantes universitarios, indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia como principales objetivos.
La estrategia represiva de Ortega no solo se limita a las fronteras de Nicaragua. Nicaragüenses despojados de su nacionalidad o forzados al exilio sufren las consecuencias de esta persecución, negándoseles apoyo consular y obstaculizando la reunificación familiar. Incluso los niños, separados de sus padres por deportaciones o prohibiciones de ingreso, son víctimas de este régimen, siendo negados sus derechos más fundamentales, como la expedición de pasaportes para reunirse con sus familiares en el extranjero.
El informe también critica la centralización del poder en manos de Ortega y Murillo, asegurando la impunidad de los perpetradores y minando cualquier intento de rendición de cuentas. «La centralización del poder garantiza la impunidad de los perpetradores y socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas», afirma la experta Ariela Peralta.
Ante esta situación, el Grupo de Expertos de la ONU insta a la comunidad internacional a ampliar las sanciones contra individuos e instituciones implicadas en las violaciones de derechos humanos, como medida para contrarrestar la impunidad y la criminalización de la democracia en Nicaragua.