Presentan recurso de amparo por violación de derechos en el caso de activistas de María Corina

OMAR MORA

Defensores legales exigen justicia y respeto al debido proceso tras la detención arbitraria y audiencia secreta de los colaboradores de María Corina.

En un acto de defensa hacia los principios fundamentales del debido proceso, Omar Mora Tosta, abogado de tres jefes regionales del comando de campaña de María Corina Machado, presentó el 5 de marzo un recurso de amparo ante el Tribunal Segundo de Control especializado en terrorismo. La acción legal busca responder a la «violación sistemática de los derechos humanos de Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López», detenidos en circunstancias que rozan la arbitrariedad.

El letrado denunció que la audiencia de presentación de los detenidos se llevó a cabo un mes después de su detención, en un proceso plagado de irregularidades, incluyendo la imposición de una defensa pública y la realización de la audiencia sin la presencia de la defensa privada elegida por los familiares de los acusados. «El Tribunal tenía conocimiento de que estas personas tenían defensa privada… y los mandaron a esposar de nuevo para sacarlos y posteriormente, en horas de la noche, hacer una audiencia a espaldas de la defensa a la que ellos tienen derecho», expresó Mora Tosta.

Esta situación llevó también a los familiares de los detenidos a solicitar ante la oficina de Coordinación de la Defensa Pública del Palacio de Justicia de Caracas la cesación de funciones del defensor público asignado de forma impuesta, argumentando que nunca fue solicitado por ellos ni por los detenidos. La insistencia en una defensa privada se ha topado con la negativa del Juez Carlos Enrique Liendo, quien, según el abogado, ha bloqueado esta posibilidad en una clara violación a los derechos constitucionales y procesales de los acusados.

La negativa del juez a permitir la designación de defensores privados por parte de los familiares ha sido señalada como una «franca violación a lo que establece la ley», poniendo de manifiesto un preocupante panorama de justicia en Venezuela, donde el respeto al debido proceso parece ser una moneda al aire.

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