La justicia peruana intensifica su cruzada contra la presunta corrupción, allanando las viviendas del expresidente Vizcarra y exministros, en medio de una investigación que sacude al país.
En un despliegue que capturó la atención de toda Perú y marcó un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción, la Fiscalía del país andino allanó este lunes las residencias de Martín Vizcarra, expresidente peruano, y Edmer Trujillo, su exministro de Transportes y Comunicaciones. El operativo, autorizado por el juez supremo Juan Carlos Checkley, forma parte de una exhaustiva investigación en torno a una presunta red corrupta que habría operado durante el gobierno de Vizcarra entre 2018 y 2020.
Las autoridades pusieron el foco en irregularidades en el programa Provías Descentralizado, un brazo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se sospecha de contrataciones anómalas que suman más de 200 millones de soles (aproximadamente 54,2 millones de dólares). Este hecho no solo plantea preguntas sobre la gestión de fondos públicos sino que también insinúa una trama mucho más profunda y sistémica de corrupción.
Los investigadores denominaron a esta presunta red criminal como ‘Los intocables del sur’, un grupo que habría comenzado a formarse desde 2014, cuando Vizcarra fue presidente regional de Moquegua, y continuó su influencia a lo largo de su presidencia. Las recientes medidas incluyen la prisión preventiva para Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, exfuncionarios clave de Provías Descentralizado, evidenciando la seriedad con la que el Poder Judicial está abordando el caso.
La vivienda de Vizcarra, en el exclusivo distrito limeño de San Isidro, fue escenario de un meticuloso operativo policial que culminó con la incautación de documentos relevantes para la investigación. Este movimiento de la Fiscalía es testimonio del endurecimiento de las acciones contra la corrupción en el país, siguiendo la detención de varios exfuncionarios del MTC a finales de enero.
Vizcarra, por su parte, rechaza vehementemente las acusaciones, calificándolas de «patraña» con motivaciones políticas. «Confío en que estas investigaciones van a llegar a la verdad», afirmó el exmandatario, manteniendo una postura desafiante frente a las sospechas que lo envuelven.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en respuesta a la crisis, ha anunciado una «reorganización integral» de Provías Descentralizado, marcando así su firme oposición a cualquier acto de corrupción. Mientras el país sigue de cerca este caso, la sociedad peruana espera ansiosa por respuestas y, sobre todo, por justicia en un escenario político cada vez más complejo y turbio.