Tras un ataque a una comunidad indígena, el presidente Gustavo Petro ordena reanudar operaciones militares contra la disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco.
En un giro inesperado que marca un retroceso en los esfuerzos de paz del gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro ha ordenado la suspensión del cese al fuego bilateral con la mayor disidencia de las antiguas FARC, tras asegurar que violaron el acuerdo de no agresión al atacar una comunidad indígena en el suroeste del país. Este hecho pone en evidencia las complejidades y desafíos que enfrenta el proceso de paz en Colombia.
Mediante un decreto firmado el domingo y difundido entre periodistas, el gobierno ordena «la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del día 20 de marzo de 2024 contra las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP», presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Este grupo es comandado por el conocido alias Iván Mordisco.
«Con este hecho el EMC viola acuerdo de cese al fuego,» expresó el presidente Petro más temprano el domingo en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, anticipando la decisión que horas más tarde se oficializaría con el decreto. Esta decisión responde a un ataque armado denunciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, que dejó al menos tres heridos, evidenciando la violación de los principios del cese al fuego bilateral.
Este ataque no solo representa una amenaza directa a la seguridad y los derechos de las comunidades indígenas afectadas, sino que también pone en jaque los recientes avances en las negociaciones de paz. La semana pasada, ambos lados habían concluido el cuarto ciclo de conversaciones con la firma de un protocolo que buscaba evitar precisamente este tipo de confrontaciones.
Petro, refiriéndose a las acciones de la disidencia, lamentó en X que «no dio desde el principio ninguna señal de querer un proceso serio de paz», criticando su aparente estrategia de fortalecimiento militar a costa de la población y la economía ilícita. Este evento subraya las tensiones y la fragilidad de un proceso de paz que busca poner fin a décadas de conflicto armado en el país.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, representadas en parte por el informe del Equipo Humanitario País, advierten sobre las crecientes necesidades humanitarias derivadas de la expansión del conflicto armado interno. Con más de ocho millones de personas afectadas y grupos armados operando en más de 500 municipios, el camino hacia la paz en Colombia enfrenta obstáculos significativos.