Alta Comisionada de la ONU espera reanudar pronto sus labores en Venezuela y pide elecciones inclusivas y transparentes

ALTA COMISIONADO

La Oficina solicitó al gobierno venezolano que tome las medidas necesarias para frenar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este martes 19 de marzo su actualización oral sobre la situación venezolana donde se reportaron nuevas restricciones al espacio cívico, reportes sobre malos tratos a detenidos, así como llamamientos a unas elecciones participativas.

La Alta Comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, lamentó la decisión del gobierno venezolano de suspender las actividades de la Oficina en el país, consumada a mediados de febrero. «Estas medidas son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y mi Oficina».

Indicó que el próximo 28 de julio se celebrarán elecciones presidenciales en el país, reiterando «los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos».

Sobre la firma de los Acuerdos de Barbados dijo que «fue un paso positivo para establecer las condiciones para unas elecciones creíbles. Hago un llamamiento para que se apliquen plenamente de buena fe».

Enfatizó en las restricciones al espacio cívico y democrático, «incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición» destacando que los derechos humanos, además de las libertades de expresión, reunión y asociación, «son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse».

Se refirió además a la «represión, la detención arbitraria y las amenazas» que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, y puso como ejemplo a los activistas Javier Tarazona y Rocío San Miguel, ambos detenidos en El Helicoide.

Además, hizo un llamado a la administración de Nicolás Maduro «para que se abstengan de adoptar el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital».

Aunque reconoció los esfuerzos del Estado para disminuir los delitos comunes y registraron una baja en asesinatos en contexto de operativos policiales, la Oficina solicitó a la administración Maduro que tome las medidas necesarias para frenar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.

Nada Al-Nashif también resaltó que han recibido denuncias sobre malos tratos cometidos por agentes policiales o de servicios de inteligencia. «Es particularmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana».

Solicitaron a las autoridades mejorar condiciones de detención, además del acceso al agua, alimentos y servicios de salud. También denunciaron que no ha habido avances para lograr la despenalización del aborto, que se reconozca la identidad de personas trans y el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

La Alta Comisionada adjunta recordó que desde 2019 han emitido recomendaciones sobre las condiciones de detención, realizado talleres para funcionarios estatales sobre obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; revisado y formulado comentarios a proyectos de ley; además de bridar apoyo a la elaboración de directrices para la investigación de delitos contra la vida y la integridad física.

Recientemente, señaló la Alta Comisionada, ampliaron la cooperación al Ministerio de Pueblos Indígenas. «Desde el establecimiento de la presencia del ACNUDH en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer», sentenció.

Manifestó que esperan reanudar pronto sus labores dentro del país, «y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades venezolanas sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente, en estricto cumplimiento del mandato de la Oficina».

La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada –a través de la firma de un memorando de cooperación– en el año 2019, tras una visita de la entonces comisionada Michelle Bachelet.

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