En vísperas de las elecciones presidenciales, la Misión de la ONU denuncia un recrudecimiento de la persecución por parte del régimen de Maduro contra la oposición y activistas de derechos humanos.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en su más reciente informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ha puesto de manifiesto un preocupante incremento en la represión del régimen de Nicolás Maduro contra la oposición venezolana, especialmente en este crucial año electoral.
Marta Valiñas, presidenta de este grupo que investiga violaciones a los DDHH en Venezuela, presentó una actualización oral sobre su trabajo y los casos que ha documentado durante una intervención en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas este miércoles 20 de marzo.
El informe, que abarca el período desde septiembre del año pasado hasta la actualidad, revela cómo el aparato estatal continúa perpetrando graves violaciones a los derechos humanos, las cuales «permanecen impunes», según palabras del reporte. Esta situación se agrava aún más al acercarse las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde la democracia venezolana se juega uno de sus capítulos más críticos.
Los investigadores de la ONU señalaron una «reactivación de la modalidad más violenta de represión», observando una repetición de patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales. Esta modalidad incluye a defensores de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno.
En particular, el informe critica el rol del Ministerio Público, liderado por el fiscal general Tareck William Saab, acusándolo de operar como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas, expresó Valiñas.
Asimismo, la Misión continúa investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales durante la última década, con el objetivo de identificar responsabilidades individuales dentro de la cadena de mando.
El informe también hace eco de las constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos, recordando la autorización de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) para reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Entre los hechos más recientes que agravan la represión se encuentra la detención de activistas y miembros de la campaña de María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición, y la detención sin orden judicial de la activista Rocío San Miguel. Estas acciones no solo buscan amedrentar a figuras opositoras, sino también a sus familias y allegados, estableciendo un patrón de intimidación que la Misión ya ha reportado en informes anteriores.
A pesar de la falta de cooperación por parte de las autoridades venezolanas, la Misión de la ONU asegura que seguirá llevando a cabo sus investigaciones de manera independiente, en un esfuerzo por arrojar luz sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y contribuir a la búsqueda de justicia para las víctimas de represión y violaciones a los derechos humanos.