Diosdado Cabello reafirma la postura del gobierno frente a la oposición y la comunidad internacional, marcando el tono para las próximas elecciones.
En una nueva entrega de su programa «Con el Mazo Dando», Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), puso sobre la mesa una serie de declaraciones que intensifican la atmósfera política en Venezuela.
Frente a la cercanía de las elecciones presidenciales, Cabello acusó a la oposición de querer «subvertir» el orden del país para impedir los comicios, a la vez que criticó duramente a figuras y organismos internacionales que han expresado su apoyo a los coordinadores opositores detenidos.
Luis Almagro, Brian Nichols, y representantes de la Unión Europea, entre otros, fueron el blanco de Cabello, quien cuestionó su defensa hacia la oposición: «Salen a defender lo que ellos no saben. Pero ellos ya tienen comprada la versión de que los malos somos nosotros y ellos son los buenos». A su vez, anticipó una férrea respuesta a cualquier intento de intervención, asegurando que aquellos que han pedido sanciones o bloqueos serán buscados antes de cualquier acción extranjera.
Respondiendo específicamente a Nichols sobre el Acuerdo de Barbados, Cabello lo acusó de ser parte de los planes contra Venezuela, defendiendo a quienes, según él, intentaron atentar contra el presidente Nicolás Maduro. Esta acusación se suma a la advertencia de Cabello a la oposición, a la cual considera incapaz de desplazar al gobierno actual.
En relación con los coordinadores detenidos, Cabello insinuó su involucramiento en planes desestabilizadores, apuntando directamente a María Corina Machado como la figura detrás de estas acciones. Aseguró que, debido a sus llamados a sanciones, Machado no podrá ejercer cargos públicos en los próximos 15 años, dejando en claro la postura gubernamental frente a sus adversarios políticos.
En cuanto a la observación internacional de las próximas elecciones, Cabello fue categórico al afirmar que Venezuela no aceptará injerencias, estableciendo que serán el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno quienes dicten las condiciones a cualquier organismo internacional que desee participar en el proceso.