Habrá cara a cara entre la Casa Blanca y Miraflores en los próximos días
Frente a las elecciones de julio en Venezuela y las acciones de Maduro, EE.UU. sopesa sus opciones sin inclinarse por revivir las sanciones petroleras.
En un escenario internacional cada vez más complejo, la administración de Joe Biden se encuentra en una encrucijada respecto a Venezuela. A pesar de las acciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, que incluyen la prohibición de candidatos opositores destacados para las elecciones de julio, EE.UU. parece alejarse de la idea de reimponer sanciones a la industria petrolera de Venezuela, según informe de The Wall Street Journal.
Fuentes cercanas al asunto indican a The Wall Street Journal que hay una preocupación tangible por las repercusiones que tales sanciones podrían tener en el precio del gas en Estados Unidos y el potencial aumento de la migración desde Venezuela, especialmente en un año electoral para Biden.
Los funcionarios de Biden han expresado que las sanciones petroleras impuestas a principios de 2019 bajo la administración de Trump, en un esfuerzo por desplazar a Maduro del poder, no fueron constructivas. En lugar de ello, figuras clave como Jake Sullivan, Amos Hochstein y Jon Finer, están promoviendo un enfoque que prioriza los intereses estratégicos más amplios, como el suministro de energía, sobre el cambio político en Caracas.
La postura actual se centra en mantener un alivio de sanciones, siempre y cuando Maduro y sus representantes cumplan con los compromisos acordados en octubre pasado para un camino electoral. “Estamos comprometidos a mantener el alivio de las sanciones si Maduro y sus representantes cumplen con los compromisos delineados”, afirmó un alto funcionario de la administración de EE.UU. al periódico estadounidense.
La continuidad de esta política podría representar una mayor oportunidad de mantener a Venezuela como parte del mercado occidental, disminuyendo su inclinación hacia China e Irán. Esto viene después de conversaciones secretas entre funcionarios estadounidenses y venezolanos en Qatar, que resultaron en una licencia general de seis meses permitiendo a compañías petroleras operar en Venezuela.
Sin embargo, las acciones del gobierno de Maduro, incluyendo la detención de opositores políticos y la prohibición de candidaturas opositoras como la de Maria Corina Machado, han generado críticas y dudas sobre la efectividad de esta aproximación. “Dije en su momento, levantas las sanciones ahora, pierdes tu propia palanca de presión. Eso es exactamente lo que pasó”, comentó Eric Farnsworth, un exdiplomático de alto rango del Departamento de Estado, a The Wall Street Journal.
A pesar de las críticas y los retos, la administración de Biden parece inclinarse por extender la política actual hasta las elecciones del 28 de julio, permitiendo por ahora que compañías y comerciantes de petróleo se relacionen con Petróleos de Venezuela. La estrategia subyacente parece ser un delicado equilibrio entre perseguir intereses energéticos y geopolíticos de EE.UU. mientras se intenta fomentar una apertura democrática gradual en Caracas.
La administración de Biden ha retenido discretamente a Juan González, asesor del presidente para América Latina hasta mediados de marzo, como intermediario con Venezuela en conversaciones en curso, dijeron a The Wall Street Journal las personas familiarizadas con el asunto. Una reunión cara a cara está programada para principios de abril, posiblemente en Doha o Ciudad de México.
Las medidas de Maduro han provocado reacciones a nivel internacional, con declaraciones del gobierno argentino de Javier Milei y críticas de presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Emmanuel Macron de Francia, resaltando la importancia de elecciones transparentes y la participación libre de candidatos.
En Caracas, ejecutivos extranjeros de energía encuentran cierto alivio en la renuencia de EE.UU. a cortar completamente los lazos comerciales con Venezuela, a pesar del clima político tenso. Chevron, junto con Eni de Italia y Repsol de España, planea una expansión significativa de su producción, lo que indica una apertura comercial más duradera bajo condiciones especiales otorgadas por EE.UU.
Este complejo entramado de sanciones, diplomacia y estrategias económicas subraya los desafíos que enfrenta la administración de Biden al lidiar con la situación en Venezuela, buscando equilibrar principios democráticos con intereses pragmáticos en un escenario internacional cada vez más intrincado.