Un grupo de diez personas, vinculadas a PDVSA y empresas en Costa Rica y España, fue imputado por el Departamento de Justicia de EE.UU. por conspirar para evadir sanciones estadounidenses.
En un golpe significativo a las operaciones ilícitas vinculadas a las sanciones estadounidenses, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha anunciado la imputación formal de diez individuos acusados de participar en un esquema para evadir las restricciones impuestas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, estos individuos presuntamente adquirieron ilegalmente piezas de avión, incluidos motores Honeywell Turbofan, destinados a la flota de PDVSA, burlando así los controles de exportación de EE.UU.
La operación clandestina implicaba el ocultamiento del destino final de las piezas a empresas estadounidenses, redirigiendo las exportaciones a través de empresas intermediarias en otros países, como Novax Group SA en Costa Rica y Aerofalcon SL en España, ambas agregadas a la lista de entidades del Departamento de Comercio en noviembre de 2023.
Entre los imputados se encuentran cuatro altos funcionarios de PDVSA: Gilberto Ramón Araujo Prieto, Guillermo Ysrael Marval Rivero, Fernando José Blequett Landaeta y George Clemente Semerene Quintero, este último arrestado recientemente en Miami. Además, figuran cuatro personas vinculadas a Novax y dos a Aerofalcón, todas acusadas de conspirar para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA), enfrentando hasta 20 años de prisión de ser hallados culpables.
Los cargos adicionales contra algunos de los acusados incluyen la presentación de información de exportación falsa y contrabando de mercancías, con penas que podrían sumar hasta 10 años adicionales.