El gobierno de Biden critica la inacción de Maduro ante los abusos y la violencia estatal documentada en el nuevo informe sobre derechos humanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado un informe alarmante sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, apuntando directamente a la administración de Nicolás Maduro por no implementar acciones creíbles contra los funcionarios estatales implicados en abusos graves. El documento, lanzado este lunes, compila una serie de violaciones que incluyen ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas y torturas entre 2019 y 2021.
El informe destaca que, a pesar de los numerosos informes de organizaciones sobre el terreno, el gobierno de Maduro no ha hecho esfuerzos significativos para abordar estos problemas ni para castigar a los responsables. Las ejecuciones extrajudiciales y las torturas, según se documenta, son especialmente prevalentes, con poco o ningún progreso en las investigaciones oficiales.
Las condiciones en las prisiones son descritas como «duras» y «potencialmente mortales», y la falta de independencia judicial sigue siendo un «grave problema». Además, el informe menciona restricciones a la libertad de expresión y la prensa, con violencia y amenazas contra periodistas como preocupaciones importantes.
«Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada; torturas o tratos o penas crueles. No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año», detalla el Departamento de Estado.
La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Fundación Centro Gumilla reportaron 355 presuntas ejecuciones extrajudiciales solo en los primeros seis meses del año. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) es identificada como responsable del 27% de estos asesinatos.
El informe también resalta la impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad y cómo el régimen utiliza el poder judicial para intimidar y procesar a opositores bajo acusaciones de conspiración, terrorismo o traición. Este escenario refleja un abuso sistemático del poder estatal que no solo socava la democracia sino también los principios básicos de los derechos humanos.