La juez Alicia Otazo Reyes ha cerrado el caso que buscaba incautar los bienes del empresario venezolano Raúl Gorrín en Miami, destacando la falta de legitimidad prudencial de la demandante, Casa Express.
En un desarrollo legal significativo, la juez Alicia Otazo Reyes ha dictaminado el cierre del caso contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, que buscaba la incautación de sus propiedades en Miami por parte de la empresa Casa Express. La decisión, que protege los bienes de Gorrín en Estados Unidos, se basa en la insuficiencia de las acusaciones y la falta de legitimación prudencial por parte de Casa Express.
La empresa Casa Express había argumentado que las propiedades de Gorrín, adquiridas supuestamente con fondos malversados del Estado venezolano, debían ser utilizadas para saldar bonos de la deuda venezolana que Venezuela había dejado de pagar. Sin embargo, la juez Otazo Reyes destacó que el daño sufrido por Casa, derivado de la falta de pago de los bonos por parte de Venezuela, no podía atribuirse a las acciones de Gorrín directamente.
La sentencia aclara que Casa Express no presentó objeciones específicas que justificaran una acción legal directa contra Gorrín, y subraya que cualquier reparación requeriría una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para proceder legalmente contra las propiedades. La juez también mencionó que la empresa demandante carecía de la capacidad como acreedor judicial para llevar a cabo la incautación.
Este fallo es la culminación de un caso iniciado en agosto de 2021, cuando Casa Express intentó, mediante procedimientos suplementarios, satisfacer una sentencia contra Venezuela apuntando a propiedades vinculadas a Gorrín.